La llegada de Uber a la provincia de Salta despertó el rechazo de los taxistas de la localidad, quienes se movilizaron hacia la Casa de Gobierno pidiendo «protección a las fuentes de trabajo». Alfredo Carrizo, titular del sindicato de conductores de taxi, apuntó: “Queremos que el gobierno provincial nos garantice la fuente de trabajo de todo los taxistas. Muchas familias viven de esto y si el Gobierno no esta de nuestro lado sería una falta de respeto”.
El representante gremial dejó en claro que «vamos a hacer todo lo necesario para que esta empresa extranjera no llegue a Salta». Este reclamo es compartido por el sindicato de remiseros, quienes se unieron a la marcha y adelantaron que lanzarán su propia aplicación para dispositivos móviles: «Tenemos que actualizarnos, ponernos a la altura de lo que estamos viviendo en la ciudad, es importante en el turismo y es una buena manera de crecer en nuestro trabajo», señaló el dirigente de la Cámara de Propietarios de Remises de Salta, Roque López.
Hasta el momento, Uber, el servicio de transporte privado de pasajeros que funciona como aplicación de dispositivos móviles, solo funciona de manera legal en Mendoza gracias a la ley 9.086, que creó la figura del “Transporte Privado a través de Plataformas Electrónicas”. Bajo esta normativa, la compañía extranjera debe cumplir con determinados requisitos para poder operar, como el pago de un cannon por el uso de la infraestructura vial pública. También, señala que los chóferes de la app deben contar con registros profesionales, estar inscriptos en un registro provincial con su respectivo CUIT y contar con 12 horas diarias de descanso.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, una ley sancionada por el parlamento porteño permite a los agentes de tránsito retener licencias de conducir de aquellos chóferes de Uber. Además, se aplicarán multas de hasta 200 mil pesos a los conductores y se considera ilegal a la aplicación. “En la medida en que Uber no se encuadre en el marco legal, nos vemos en la obligación de agravar las sanciones. Estamos abiertos a conversar siempre que haya voluntad de estar dentro de la ley. Otras empresas entendieron que ese es el camino”, remarcó Francisco Quintana (VJ), vicepresidente primero de la Legislatura.
