Este jueves pasado se celebró una nueva audiencia de conciliación en la secretaría de Trabajo en la que el gremio del neumático, encabezado por Alejandro Crespo, rechazó el pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) presentado por Fate el 1 de febrero para aplicar una fuerte reducción de hasta 400 puestos de trabajo en su planta de San Fernando (que emplea a dos mil trabajadores).
El pedido de PPC se duplicó durante la gestión de Cambiemos, dando cuenta del difícil panorama que afrontar la industria nacional. Además del de FATE, en los últimos días lo pidieron Coca Cola Femsa, Editorial Atlántida y Avianca.
En respuesta al pedido de la empresa propiedad de Javier Madanes Quintanilla (el Grupo Madanes también integra a Aluar, INFA, Hidroeléctrica Futaleifu, Genpat, Transpat y el parque eólico de Puerto Madryn), el gremio presentó un extenso documento en el que alega que el pedido de PPC meramente apunta a resolver una disputa con el Gobierno y obtener beneficios fiscales. Desde Fate argumentan que los planes económicos del oficialismo perjudicaron gravemente los balances de la empresa, que acumula un rojo de 500 millones de pesos desde mediados del año pasado.
A principios de enero la compañía le envió una nota al ministro de Producción y Trabajo Dante Sica informando de la situación crítica de su planta en San Fernando y culpando a la aplicación de retenciones a las exportaciones industriales y la disminución del reintegro a las ventas al exterior, que le habrían ocasionado un perjuicio millonario. En esa nota se advertía que de no haber cambios iba a tener que avanzar hacia una reestructuración laboral y hasta un eventual cierre productivo.
Entre otros factores “erosivos y distorsivos” se enumera el contexto recesivo, el aumento de costos por la devaluación e inflación (de los que un 75% son dolarizados por los insumos importados), las “exorbitantes” tasas de interés, la suba de impuestos “desandando el pacto fiscal” y la caída de precios debido a la baja de la demanda interna, además de la devaluación en Brasil.
Desde el gremio se insiste en que los costos laborales no son la causa de la crisis alegada por la empresa, por lo que no se una reducción de los mismos no resolvería el problema: “La respuesta no admite dudas: no hay crisis a discutir con los trabajadores o sus representantes sindicales. De lo que se trata es de presionar determinados cambios o medidas económicas del Gobierno y aprovechar la coyuntura para abaratar y precarizar mano de obra, modificando condiciones de trabajo y eliminando conquistas de los trabajadores”.
