El Gobierno nacional dispuso un aumento en las tarifas del gas y de luz desde el 1° de junio. La novedad es que finalmente no contemplará la segmentación de subsidios en la que aún se trabaja. El objetivo del Gobierno es que las correcciones tarifarias sean inferiores a la variación de los ingresos de la población, algo imposible si se tiene en cuenta, por ejemplo, el 45% de trabajadores que permanecen en el mercado informal.
Por ese motivo, además de haber subido el Mínimo No Imponible del Impuesto a las Ganancias, se trabaja por estos días en la presentación de un nuevo proyecto que suba los montos de monotributistas y autónomos a fin de fortalecer los ingresos de los trabajadores.
Más allá de eso, La secretaría de Energía, que conduce Darío Martínez, emitió una resolución este viernes para que el Enargas y el ENRE disponga los aumentos, que serán entre el 18,5% y el 25% para el gas, de acuerdo a la región del país, y un 16% para la electricidad, tal como había sido anunciado hace meses.
En el caso del gas, quedarán exceptuados de las subas quienes abonan la tarifa social. En tanto, para la electricidad, los usuarios con tarifa social en el Gran Buenos Aires sufrirán un aumento del 7,7%.
En este sentido, quienes tengan tarifa social tendrán en sus facturas incrementos totales anuales inferiores al 21.6% -equivalente al 40% de la variación del Coeficiente de Variación Salarial de 2021. En tanto, el resto de los usuarios residenciales tendrán en promedio aumentos en sus facturas totales anuales inferiores al 42.7% -80% de la variación del Coeficiente de Variación Salarial de 2021).
Habiendo subido ya colegios y prepagas, queda pendiente la suba del agua, cuya tarifa subirá un 32% durante el 2022, a realizarse en dos tramos: 20% en junio y 10% en octubre. De este modo, en el AMBA la tarifa de agua promedio se ubicará en torno a $1100 promedio.
El paso siguiente, según anunciara el fin de semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, es que en los primeros días de junio un decreto pasará al área de Energía que conduce Darío Martínez el trabajo que resta hacer en el nuevo mapa de subsidios que se desprendió el programa económico consensuado con el FMI. Surgieron, de ese acuerdo, tres universos diferenciados: quienes tienen tarifa social, quienes no contarán con esa ayuda y, dentro de ese continente, el porcentaje de mayores ingresos, que no tendrán subvenciones y pagarán la tarifa plena.
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En las últimas horas, el Indec salió a informar el impacto inflacionario real que tendrá en el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en su versión anual, las subas de los servicios públicos, algo que había generado controversia y preocupación.
Según información del Instituto, un aumento teórico del 60% en la tarifa del gas natural de red, tiene una incidencia de 0,3% en el IPC calculado en forma anual para el Gran Buenos Aires, mientras que, a nivel nacional, el mismo es de 0,1%.
En otra referencia, un incremento en la tarifa de electricidad también de 60%, implica una incidencia de 0,2% para el IPC del Gran Buenos Aires y del 0,1% a nivel nacional en el cálculo anual, algo que demuestra, que por el contrario de los combustibles, los aumentos tarifarios no tienen gran incidencia en la suba de precios.
