El tramo de la ruta 8 entre Pilar y Pergamino había sido licitado en 2015 por el kirchnerismo por 285 millones de pesos, pero ahora se hizo una nueva licitación por la que, lejos de las promesas oficiales de abaratar los presupuestos, se pagarán 2.500 millones de pesos a Iecsa, la empresa que pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
La obra que conecta Pilar con Pergamino se dividió en nueve tramos, que fueron adjudicados a distintas compañías. Mientras que para el de Iecsa se autorizaron aumentos del 120%, las adjudicatarias de los tramos contiguos apenas pudieron actualizar un 35 y 45% respectivamente. Si al aumento autorizado a la empresa de Calcaterra se le suman actualizaciones por inflación y costos se llega a un aumento del 877% respecto del presupuesto original, lo que desmiente las afirmaciones oficiales de que todas las obras públicas en la era cambiemos son un 40% más baratas.
La denuncia presentada a la Justicia Federal por los sobreprecios fue realizada por la secretaria General del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, Graciela Aleña. El sorteo hizo que cayera en manos del juez Julián Ercolini, precisamente el mismo que instruyó la causa contra el kirchnerismo por sobreprecios en las obras públicas en Santa Cruz por la que se consideró a la ex presidenta como jefa de una “asociación ilícita”, argumento que bien podría ser aplicado al actual presidente Mauricio Macri en este caso, máxime cuando la empresa Iecsa (que era la pata constructora del Grupo Socma, de la familia Macri) hasta hace poco fue propiedad de Calcaterra, primo del Presidente.
La denuncia de Vialidad también apunta contra el ex titular de la Secretaría de Energía Javier Iguacel (quien previamente fuera titular de Vialidad, desde principios de 2016), por considerar que en la aprobación de los aumentos de costos para Iecsa se manejaron cifras muy irregulares, con sobreprecios superiores a los que él mismo denunció en el caso de la obra pública kirchnerista. Como titular de Vialidad ordenó auditorías sobre la obra pública exclusivamente en Santa Cruz, donde apenas se llegó a establecer un desvío del costo de 0,1%.
En el texto de denuncia que presentó Aleña se detalla: “Sin razón que lo justifique, el equipo de Iguacel decidió modificar el proyecto que ya estaba contratado y en ejecución”. En este caso correspondía un nuevo llamado a licitación, ya que se alteraron los términos originales en más de un 80%. Pero se siguió adelante con la concesión a Iecsa argumentando que el nuevo trazado iba a implicar una reducción de costos y una obra más eficiente. Pero, lejos de un ahorro, el Estado pagará por la obra 2.500 millones de pesos, un 877% más que el precio original, por una obra que en sus modificaciones además acortó el recorrido y la cantidad de puentes en el trazado.
Según una evaluación de la Oficina de Costos de Vialidad, los precios presupuestados son un 37% más altos que los de otras obras similares en curso. En los otros dos tramos contiguos,uno en manos de la empresa Chediak y otro de Vialmani, se autoriaron aumentos del 35% y 45% respectivamente. También se cuestionan los plazos de entrega, ya que, más allá de los aumentos autorizados, la obra debía estar finalizada en junio de 2017, aunque el rediseño extendió el plazo hasta abril de 2019.
La denuncia de Aleña se suma a otra reciente imputación contra el presidente Macri, Iguacel y el ex ministro de Energía Juan José Aranguren por la venta “a precio vil” (400 millones de dólares menos de su valor) de dos centrales termoeléctricas que fueron a parar a manos del “hermano del alma” de Macri, el empresario Nicolás Caputo.
