Desde la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina (Fempinra) manifestaron su preocupación por los 200 puestos de trabajo en riesgo por la decisión de YPF de priorizar el transporte de combustible en el corredor San Lorenzo-Barranqueras con barcazas construidas en Paraguay y no en astilleros nacionales.
La decisión fue impugnada reiteradamente en instancias judiciales y ante la Oficina Anticorrupción, siendo el planteo de la Cámara de la Industria Naval (CINA), uno de los más contundentes. El texto con la firma de Silvia Martínez, titular de la entidad, pide que se investiguen las irregularidades de la licitación que adjudicó a la empresa Horamar el servicio de combustibles por el corredor fluvial que conecta la localidad santafecina de San Lorenzo y la chaqueña de Barranqueras.
La #FeMPINRA apoya a los 200 trabajadores que ven peligrar sus trabajos luego de la decisión del gobierno de priorizar el transporte de combustibles con barcazas construidas en Paraguay en detrimento de nuestra Industria Naval https://t.co/hoapODqpWw https://t.co/9Q2NsC0Ql7
— FeMPINRA (@FeMPINRA) October 28, 2019
El esquema se pondría en funcionamiento en enero de 2021 y constituye el mayor contrato de YPF en cuanto a transporte naval de hidrocarburos. Desde la petrolera nacional justificaron la medida afirmando que permite un significativo ahorro.
La denuncia de CINA pide que se secuestre toda la documentación sobre el concurso que esté en manos de la petrolera nacional. La principal impugnación es que Horamar, una de las principales compañías navieras del país (controlada por el grupo griego Navios Maritime, con el empresario Claudio López como referente local), decidió construir unas seis barcazas tanque requeridas para el transporte de combustibles en astillero Chaco Paraguayo, de Paraguay, país que además cuenta con un sector de construcciones navales menos desarrollado que el argentino.
El planto judicial denuncia el incumplimiento del artículo 15 de la ley de Promoción de la industria naval sancionada en 2017, que sólo permite la construcción de buques en el extranjero luego de presentar un informe a la Comisión asesora de la industria naval. Al respecto, agregaron desde CINA: “Resulta sugestivo el hecho de que además de que no se habría solicitado ese informe, tampoco se consignó en los pliegos de licitación el requisito de que las embarcaciones para prestar el servicio solicitado debían ser construidas en el país”.
Desde Horamar descartaron que la construcción de las barcazas vaya a financiarse con un crédito internacional conseguido por la empresa y aseguraron que será el propio astillero Chaco Paraguayo el que conseguirá el financiamiento.
El SUPeH, sindicato de los obreros marítimos de YPF, también denunció a la petrolera, con un planteo ante el fuero Criminal y Correccional federal. El gremio pidió se dicte una cautelar de no innovar urgente, mientras se recolectan las medidas de pruebas del caso, porque la decisión podría implicar la pérdida de 200 puestos de trabajo en la empresa National Shipping durante el próximo año al vencerse su contrato con Horamar.
Se investiga también la posible vinculación de Horamar con funcionarios del Gobierno actual, especialmente a través de Jorge Metz, ex gerente de la empresa durante casi diez años y ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables entre 2015 y 2018, cercano al ministro de Transporte Guillermo Dietrich, quien estuvo al frente de la ofensiva estatal contra los sindicatos navales.
El líder de Fempinra, Juan Carlos Schmid, también presentó una denuncia judicial contra la polémica licitación, que se definió por Horamar luego de la debacle electoral del oficialismo en las PASO de agosto.
