El Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (SiCoNaRA), junto a gremios que integran la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FeSiMaF), están llevando adelante un paro general de 24 hs. en rechazo al DNU 340/2025. “Esta medida de fuerza expresa el repudio a un decreto claramente impopular, ilegítimo e ilegal”, expresó Mariano Villar, titular de SICONARA. “Lejos de ofrecer alguna solución a los problemas del sector marítimo-fluvial”, denunció, “está hecho a medida de los grandes capitales extranjeros, ya que avanza contra los derechos laborales y supone la pérdida de toda independencia económica”.
“Rechazamos el desmantelamiento de la Marina Mercante y repudiamos el cercenamiento del derecho a huelga, un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional”, sostuvo Vilar. Y añadió: «Son claras y para nada novedosas las intenciones del gobierno nacional. En los 90´ vivimos la desregulación del transporte por agua, pusieron en estado crítico nuestra Marina Mercante y ahora con el decreto 340 oficializado la terminan de destruir, dejando sin fuentes de trabajo y sin derechos laborales a miles de trabajadores, y haciendo peligrar también nuestra obra social y la cobertura para nuestros jubilados». Y agregó «esto forma parte del plan de entrega que Milei viene llevando a cabo desde que asumió. Esto es, hacer de la Argentina una colonia, donde cualquier potencia extranjera tenga la libertad de saquear nuestros mares y ríos”.
En consecuencia, el dirigente amenazó con profundizar las medidas de fuerza: “sepa bien el presidente que sus políticas hambreadoras y entreguistas serán medidas enfrentadas en las calles, en los puertos y donde sea necesario”. «Nosotros siempre apostamos al diálogo, pero el gobierno sólo muestra desprecio y total desinterés, y en este contexto, nuestra respuesta no puede ser otra que la lucha y la huelga, porque no vamos a seguir cargando el peso del ajuste sobre nuestras espaldas, y menos vamos a permitir la entrega de nuestra soberanía”, sentenció.
Asimismo, Vilar instó a la Justicia, para que «declare la inconstitucionalidad de este decreto, que atenta contra los intereses de toda la Argentina». «Resulta absurdo» -concluyó, «por lo que esperamos que se dicte una medida cautelar que suspenda su aplicación hasta que se resuelva el fondo del asunto”.
