Después de la medida del paro y movilización al Ministerio de Salud que llevaron adelante este jueves los trabajadores del hospital Garrahan, pese a la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, y la decisión de los residentes de sostener un paro por tiempo indeterminado, se multiplicaron los ataques del oficialismo contra la institución, falseando datos y difundiendo falacias con el apoyo de sus medios afines. En ese marco de estigmatización contra los trabajadores del principal hospital pediátrico del país, los funcionarios convocaron a suspender próximas medidas de fuerza para retomar el diálogo y trascendió que se estaría preparando una nueva propuesta salarial.
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del hospital y los gremios presentes en la institución ya convocaron a una próxima asamblea para el próximo martes 3 de junio, con el objetivo de evaluar los próximos pasos a tomar, mientras continúan denunciando el brutal plan de recortes en el financiamiento (que definen como “el ajuste más grande de la historia”), la sostenida pérdida de poder adquisitivo de los salarios (un residente que cumple 68 horas semanales, incluyendo guardias de 24 horas, no llega a los 800 mil pesos mensuales, acumulando ya entre un 40 y un 60% de deterioro salarial desde diciembre 2023) y la creciente cantidad de despidos y de renuncias de técnicos y médicos.
El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que el hospital “no está desfinanciado” y que “los recursos están, pero están mal utilizados”, enfatizando que “el Garrahan hoy tiene equilibrio financiero” y que la política oficial “busca romper privilegios”. La viceministra de Salud Claudia Loccisano dedicó los últimos días a distribuir falsedades por los medios, afirmando que, por ejemplo, el plante del hospital está constituido por 480 médicos y 953 administrativos, obviando que según definiciones del Gobierno de la Ciudad los enfermeros y enfermeras son insólitamente considerados como trabajadores administrativos. En su falaz afirmación también desaparecen los técnicos, los trabajadores de maestranza, los empleados de limpieza y cocina, etc.
Además, la planta real del hospital, informada en su página web, es de 4728 trabajadores, una cifra para nada excesiva si se tiene en cuenta que en el Garrahan se realizan cerca de 600 mil consultas anuales y más de 10 mil cirugías (incluyendo un centenar de trasplantes) y otras intervenciones de altísima complejidad, incluyendo atención oncológica para niños (el 40% de los niños con cáncer a nivel nacional se atienden allí), que ninguna clínica privada puede realizar, y que hoy están absolutamente amenazadas por el ajuste. “Los chicos que están en quimioterapia, no pueden estar sin ir. Los chicos que tienen un trasplante y están internados, inmunodeprimidos; todo el diagnóstico de enfermedades raras que se hacen en el hospital, es ignorancia pensar que el Hospital Garrahan es evitable”, explicaron profesionales del sector.
El recorte salarial y el ahogo presupuestaria para la institución (y para la salud pública en general), en combinación con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en general, no sólo generan problemas de infraestructura y reclamos paritarios sino que hacen que la demanda esté estallada y que el personal ya no de abasto para garantizar las guardias (que se pagan menos de 3 mil pesos la hora). En ese marco, en los últimos años ya renunciaron más de 200 médicos, haciendo cada vez más precaria la situación de la institución.
El actual ministro de Salud Mario Lugones, a poco de asumir en reemplazo de su predecesor Mario Russo, descabezó al Consejo de Administración del hospital por acordar con los trabajadores el pago de un bono de 500 mil pesos para compensar las pérdidas salariales acumuladas en los primeros meses de gestión de Milei. Tras el paro y la movilización de ayer, trascendió que el Gobierno estaría evaluando un aumento de 200 mil pesos, que sería abonado con fondos propios del hospital y a condición de que se levante el paro de los residentes, propuesta absolutamente informal que fue rechazada por los trabajadores en lucha, que reclaman hace meses un incremento salarial del 100%.
