El ministro de Producción, Dante Sica, deberá darle explicaciones a la Justicia, por decisión de María Servini, por los subsidios otorgados a desocupados antes de las elecciones, considerados puramente «electoralistas».
La magistrada, en su resolución, le reclamó al funcionario que “sirva informar si, previo a la notificación de la medida dispuesta el día 17 de octubre de 2019, se pagó algún subsidio creado por Resolución n° 1177”. También expresó que “en su caso, haga saber cantidad, montos erogados, distritos de residencia de los beneficiarios y procedimiento mediante el cual se efectivizó el pago”.
Además, la jueza le pidió que le presente “los criterios utilizados” por su cartera “para asignar y distribuir subsidios (creados por la Resolución antes mencionada) y su procedimiento para el pago”. “En su caso, acompañe copias de las planillas confeccionadas para solicitar ese beneficio”, agregó la magistrada con competencia electoral.
Vale recordar que la cartera de Sica puso en marcha un programa de pagos presuntamente destinados a desocupados que muchas denuncias sostenían que en realidad se destinaban a fiscales de Juntos por el Cambio.
Sica aseguró que acatará el fallo judicial sobre los subsidios considerados electoralistas
Según fue denunciado primero en medios periodísticos y luego ante sede judicial, la Secretaría de Empleo a cargo de Fernando Prémoli, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de Dante Sica, había aprobado el pasado 2 de octubre la Resolución 1177, que destinaba 650 millones de pesos para el pago de 114 mil subsidios, presuntamente destinados a desocupados, de los que se sospechaba que iban a ir a punteros del oficialismo para incidir en maniobras de compra de votos.
Pero el fiscal Di Lello aprobó una cautelar impidiendo la utilización de ese dinero hasta tanto no se avance en la investigación. Varios intendentes habían sumado sus denuncias sobre la práctica que estaban llevando adelante candidatos y punteros de Juntos por el Cambio, ofreciendo dinero a cambio de un voto por el oficialismo.
Antes de la contienda electoral, Jorge Landau, apoderado del Frente de Todos que presentó la denuncia, sumó la sospecha de que los presuntos subsidios podían usarse “para pagarles a los fiscales de Juntos por el Cambio 5000 pesos, y otros 5000 si llevan mesas ganadoras”. En la provincia de Santiago del Estero se abrió otra una causa por la presunta utilización de fondos de la Anses para compra de votos (un delito para el que se prevén hasta tres años de prisión).
