El apoyo internacional para que el FMI prorrogue la devolución del crédito otorgado a la Argentina ilusiona hoy a casi todo el Gobierno, en especial a aquellos que apuestan desde la llegada a la gestión, a saldar la deuda social interna de un 42 por ciento de pobres, que por cierto, objetivamente, se profundizará con la continuidad de la pandemia.
El puntapié de que 70 legisladores demócratas presentaran en la Cámara de Representantes un proyecto para que la Casa Blanca le exija al FMI la suspensión de los pagos de todos los servicios de la deuda a la Argentina –y de otros países- mientras dure la pandemia por el Covid19, fue como un bálsamo a la «tripulación» de Alberto Fernández, en medio una tormenta política de alta escala.
El proyecto además incluye una propuesta para que el director de los Estados Unidos en el FMI vote a favor de un nuevo préstamo de 3 mil millones de dólares para que los gobiernos tengan recursos para responder a las necesidades generadas por la pandemia. Es decir, recibir en lugar de pagar. Nada mal.
Está claro que los demócratas no sólo son solidarios con nuestro país, también le están cobrando al organismo -y por elevación a Donald Trump-, la factura por el apoyo político indiscriminado que le dieron a Mauricio Macri para que permaneciera en el poder, con el préstamo de mayor envergadura que haya otorgado el FMI en su historia –unos 55 mil millones de dólares-.
Así es que la definición respecto a una posible “prórroga”, parece que puede obtenerse ésta semana en la gira presidencial que encabeza Fernández, donde los primeros mandatarios de Portugal, Francia, España e Italia, recibirán a nuestro mandatario y su comitiva. Por una parte, el canciller, Felipe Solá, avanzará en nuevos acuerdos productivos,mientras el resto de la comitiva intentará recabar avales para retrasar el pago de la deuda.
El encuentro con el Papa Francisco será la frutilla del postre, no sólo por el carácter espiritual y fortalecedor que pueda revigorizar a un equipo de Gobierno “desgastado”, necesitado de una recarga de energía para seguir administrando la pandemia y sobrellevar la campaña electoral, sino que será un apoyo más para que el “impiadoso” Fondo Monetario Internacional, aplace su reclamo hasta que la salud del mundo deje de estar amenazada y vuelvan a generarse riquezas genuinas que pongan a los pobres en un lugar de privilegio tal como manda la “ley cristiana”.
Por éstos días, la interna entre los distintos integrantes de la coalición de Gobierno, ha mostrado diferencias de criterio respecto al abordaje del posible acuerdo monetario, mientras la vicepresidenta, Cristina Kirchner, con claras señales de poder, había anticipado públicamente días atrás que “no tenemos plata para pagarle al Fondo”. Finalmente con el diario del lunes, la disputa por el aumento de tarifas entre Guzmán y Basualdo que terminó temporariamente en un “empate técnico” parece no haber sido más que una muestra de esa discusión como telón de fondo.
En tiempos donde no se puede vislumbrar el final de la pandemia ni la magnitud de sus consecuencias, la previsión de «no transferir» fondos con los que se puede hacer funcionar al Estado con mayor intervención y asistencia a los sectores más vulnerables es una posibilidad cierta, que empieza a parecer razonable, incluso a aquellos que siempre votaron por cumplir sus compromisos financieros, como el caso del titular de Hacienda, Martín Guzmán.
Y la reciente “sintonía” con el flamante gobierno de Estados Unidos, llámese casualidad o causalidad, pone en “contradicción” los fuertes vínculos económicos que nos estrechan también a China, con lo cual, Fernández deberá surfear también para mantener “en positivo” la relación con ambas potencias. Pero es ineludible que éste apoyo del país del norte, sumado al impulso para el levantamiento de patentes que anima Biden, para que las vacunas sean un “bien público global”, es algo que Argentina no puede desairar aunque algún socio político pueda hacerle pagar el costo.