Pasado ya, largamente, un año de la pandemia, según un estudio realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), en el Área Metropolitana de Buenos Aires aumentaron los niveles de inseguridad laboral económica y alimentaria.
Del trabajo surge que, el 62% de los consultados del AMBA aseguró que «no le alcanza el sueldo». La pérdida de poder adquisitivo y la caída de ingresos de los hogares provocó un aumento de la inseguridad social y un crecimiento de quienes creen que la situación económica es mala o muy mala. Quienes viven en el segundo cordón del conurbano, los jóvenes y las mujeres son quienes más lo han sufrido.
En cuestión alimentaria, el 53% dijo que tuvo que recortar las raciones de comida en el último año. En 2020, esa variable había alcanzado el 48%. Por último, el 30% de los encuestados indicó haber pasado hambre en los últimos 12 meses, mientras que el 28% había respondido eso en 2020. En general, según indicaron desde el CEM, «el malestar social aumentó un promedio de 3% respecto de la última medición de mayo de 2020″.
Por otro lado, la incipiente recuperación económica tampoco ha logrado mejorar esta situación. Por el contrario, en abril de 2021, el malestar social en el AMBA aumentó un promedio de 3% respecto de la última medición de mayo de 2020. Según el CEM, la situación es más desfavorable en el conurbano bonaerense, entre las mujeres y entre los jóvenes de 23 a 29 años, especialmente en términos laborales y alimentarios.
De acuerdo a los datos del informe, más allá de la ayuda social estatal y las políticas públicas desplegadas por el gobierno nacional se observa un aumento del 3% desde la medición de mayo 2020 en las “inseguridades sociales» del AMBA respecto del año pasado, que, claramente, sin el IFE, el ATP, la Tarjeta Alimentar, los Bonos o el Repro 2, sería mucho mayor.
El Monitor del CEM -conformado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham- está basado en una investigación de opinión pública a partir de un total de 2037 entrevistas telefónicas en el AMBA que en el informe final, dan muestras de la gravedad de los «indicadores de inseguridad»: situación económica, alimenticia y laboral que continúa en caída libre y con datos de inflación que preocupan.
