En los últimos meses se conocieron varias intervenciones a distintas Obras Sociales Sindicales, con mayor o menor conocimiento público. Así, además de la situación puntual que atraviesa OSPRERA, de los trabajadores rurales, se sumaron varias del sector de servicios y de la industria (Fósforo y Ladrilleros, entre otras) y recientemente las resoluciones para el Personal Mosaista y de trabajadores Vareadores.
Si bien, los gremios saben que la verificación del funcionamiento de las entidades sindicales que brindan salud a sus afiliados, son monitoreadas por las distintas administraciones de gobierno, llama la atención lo que perciben como una metodología de las actuales autoridades nacionales, que suelen concluir en diagnóstico de intervención, cuando en verdad en varios casos, muchas de las supuestas irregularidades, no son más –según afirman desde los gremios- que retrasos en la realización de presentaciones administrativas o demoras con la documentación referida al cumplimiento de la atención de las coberturas de salud y el nombramiento de autoridades.
En verdad el accionar desde la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSSN), se profundizó a partir del arribo de Gabriel Oriolo, un abogado con experiencia en el sector previsional y de seguros, que viene de desempeñarse por varios años como gerente de la Obra Social de Empresarios (OSDE).
Este accionar de la SSSN está siendo analizado por los secretarios generales sindicales, incluso dentro de las reuniones del Consejo Directivo de la CGT, a fin de evaluar diferentes estrategias para enfrentar, lo que no pocos perciben como una política “intervencionista” del gobierno nacional.
