A inicios de esta semana la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aceptó levantar la feria judicial para tratar la medida “precautelar” que presentó la Confederación Federal del Trabajo (CGT) contra el decreto 70/2023 del gobierno de Javier Milei. Un tribunal de primera instancia también la apelación presentada por la CTA de los Trabajadores respecto de una cautelar presentada contar el decreto, por lo que se elevó el expediente a la Cámara Nacional del Trabajo. En paralelo, un fiscal solicitó que el planteo de la central obrera no continúe en la justicia laboral (tradicionalmente considerada más permeable a los reclamos de los trabajadores) y pase a tramitar en el fuero Contencioso Administrativo. En las últimas horas, la Cámara Nacional del Trabajo aceptó la cautelar presentada por la central obrera y suspendió la vigencia del capítulo laboral del DNU hasta que haya «sentencia definitiva» al respecto.
Desde el Gobierno se espera que los tribunales del fuero laboral se desprendan de los casos para concentrar los recursos presentados contra el decreto en el Contencioso Administrativo, presuntamente más afín a las posiciones oficialistas (y que todavía no definió levantar la feria judicial, por lo que el tratamiento de los recursos se extendería durante otro mes clave que el decreto logre avances de hecho). La Suprema Corte de Justicia (que también recibió una demanda presentada por la provincia de La Rioja contra el Estado Nacional) ya anticipó que no levantaría su feria y podría abordar el caso recién en febrero.
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«Díctase una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV Trabajo del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados», decidieron los jueces de la Cámara Nacional del Trabajo en el marco del expediente inaugurado a partir de una presentación de la CGT.
Previamente, ya varios tribunales habían habilitado el tratamiento de los recursos contra el DNU en enero: es el caso de la jueza federal de San Juan Eliana Rattá, el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge y los camaristas del fuero del Trabajo María González, Andrea García Vior y Alejandro Sudera, quienes finalmente otorgaron la cautelar solicitada por la CGT.
En el caso del recurso presentado por la CTA, la jueza de primera instancia Silvia Garzini, que había rechazado en primera instancia el recurso de amparo y la medida cautelar solicitada, finalmente concedió el recurso de apelación y elevó el expediente a la Cámara Nacional del Trabajo, para que sea ésta la que resuelva. Desde CTA recordaron que se solicitó la medida cautelar de “no innovar” que inhiba la aplicación de los artículos 53 a 97 inclusive (que integran el “Título IV – Trabajo” del DNU 70/2023) porque “constituyen una verdadera reforma laboral regresiva para las y los trabajadores” y porque esta “reforma laboral es violatoria del derecho de huelga, habilita el despido sin causa y sin indemnización y pretende maniatar de pies y manos a los sindicatos”.
