Sigue creciendo el escándalo por las miles de toneladas de alimentos no distribuidos y almacenados en los galpones del Ministerio de Capital Humano. Después la salida del segundo de la ministra Sandra Pettovello, Pablo De la Torre, durante el fin de semana se confirmaron otros cuatro despidos de funcionarios de segunda línea. También se realizaron allanamientos a los depósitos por orden del juez que lleva la causa y se sumó una nueva denuncia judicial contra la titular de la cartera y otros funcionarios. Desde el Gobierno intentan capear la tormenta blindando a Pettovello.
Después de que durante el fin de semana el presidente Javier Milei reiterara elogios a su ministra de Capital Humano, buscando despegarla del escándalo y de las denuncias que confirman la veracidad de las denuncias planteadas por las organizaciones sociales uqe reclamaban la distribución de los alimentos, en horas de la mañana el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que Pettovello seguirá en su cargo y que el apoyo oficial a la ministra «es total».
Alimentos por vencer: Organizaciones sociales y sacerdotes piden la renuncia de Pettovello
Por el momento, la reacción del Gobierno al escándalo de las 6 mil tonelada de alimentos, muchos a punto de vencer, que se encontraban guardados en depósitos de Capital Humano en la localidad bonaerense de Villa Martelli y en Tucumán, fue un intento de minimizar el impacto responsabilizando por todo al hoy exsecretario de Niñez y Familia Pablo de la Torre, que incluso fue denunciado penalmente por Pettovello, en un intento de sobreactuar desconocimiento de los hechos. Este lunes también se publicaron en el Boletín Oficial sendas resoluciones para despedir a Héctor Nicolás Calvente, María Lucía Raskovsky, Fernando de la Cruz Molina Pico y Esteban María Bosch, subordinados de De la Torre.
Durante el fin de semana, el hoy ministro sin cartera Federico Sturzenegger anticipó lineamientos de «un nuevo sistema de acopio de alimentos para emergencias», presuntamente elaborado por órdenes de Milei, qu ese comenzaría a aplicar «en el cortísimo plazo». El proyecto básicamente privatizaría la asistencia social, ya que el Estado no tendría stocks de mercadería sino que poseería «una ‘opción de compra’ de esos bienes» (un call en jerga financiera), por la que el proveedores privados se comprometerían a la entrega de los productos cuando sea necesario. Según trascendió, el ex titular del Banco Central durante el macrismo, que sigue ganando poder en el Gobierno, podría asumir al frente de una nueva secretaría con rango de ministerio dedicada a la «desregulación del Estado». En cuanto a los alimentos, el oficialismo asegura que esta semana el Ejercito comenzará a distribuirlo en colaboración con la Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil (CONIN), del polémico Abel Albino.
Decenas de allanamientos contra organizaciones sociales, que denuncian persecusión y criminalización
Sin embargo, el terremoto en la cartera que concentró a los previos Ministerios de Desarrollo Social, Educación y Trabajo (además de la Anses), no parece estar en vías de solución, más allá de las medidas oficiales. No sólo está en curso una causa que investiga no sólo el tema de los alimentos no distribuidos, en manos del juez Sebastián Casanello (que en las últimas horas intentó ser desacreditado por funcionarios de la cartera de Pettovello que hoy lo definen como un «juez militante», acusación que no se escuchó en el marco de la causa contra las organizaciones sociales por presuntos hechos de coacción y desvío de fondos), sino que en las últimas horas se sumó una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarios a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
La denuncia penal fue interpuesta por el abogado Leonardo Martínez Herrero por supuesta «malversación de caudales públicos, cohecho activo y pasivo, administración fraudulenta y asociación ilícita atento la cantidad de personas involucradas», apuntando contra numerosos funcionarios o ex funcionarios de la cartera de Pettovello por un mecanismo en el que no sólo se tercerizaba la contratación y el pago de salarios a agentes por medio de la OEI sino que además se habrían cobrado «retenciones» inexplicables de entre 10 y 12% de los montos percibidos.
En ese marco de descontrol, el hoy renunciado y denunciado De la Torre afirma tener «la conciencia y las manos limpias» y responsabiliza a supuestos «kirchneristas infiltrados en el gobierno» y la propia Pettovello ratifica sus intenciones de luchar contra la corrupción:
“Es muy difícil luchar contra las mafias, pero lo tenemos que hacer. Y no podemos solos. La gente tiene que apoyar a los ciudadanos decentes. Por más que nos amenacen, no nos van a intimidar”. Mientras tanto, las organizaciones sociales siguen exigiendo no sólo la distribución de los alimentos guardados sino también que se retome la entrega de provisiones a los comedores y merenderos de todo el país, suspendida sin explicaciones desde el inicio de la nueva gestiòn.
