Paolo Rocca, director del Grupo Empresario Techint, acusó al presidente Mauricio Macri de violación de la propiedad privada. La denuncia se enmarca en la disputa con el Gobierno por la reducción de los subsidios para la producción de gas en Vaca Muerta, aplicada unilateralmente por la secretaría de Energía de Gustavo Lopetegui.
La decisión, a pocas semanas después del procesamiento y el pedido de detención contra Rocca en el marco de la causa de los cuadernos, fue leída como una ruptura de la alianza del Gobierno con las principales empresas del país. Hasta este momento Rocca había defendido la gestión del presidente Macri, incluso en el contexto de una fuerte recesión económica.
Ahora, el poderosos empresario cuestionó al presidente acusándolo de violar el “artículo 17 de la Constitución Nacional”, el que regula el derecho de propiedad. Un comunicado firmado por el presidente de Tecpetrol, Carlos Ormaechea, detalla: “La sociedad ha presentado en el día de la fecha recursos jerárquicos contra las resoluciones de la Secretaria de Energía de la Nación que liquidaron las compensaciones previstas en la Resolución 46. Tales liquidaciones constituyen una clara violación del artículo 17 de la Constitución Nacional al afectar derechos adquiridos de la sociedad que habían sido reconocidos por la propia conductora del estado”.
El reclamo apunta a que el oficialismo revea la decisión de liquidar los subsidios de acuerdo a la producción de gas estimada y no en función de la producción total, como planteaba la resolución previa 46/2017, establecida por el ex ministro de Energía Juan José Aranguren. A partir de esta resolución, a fin de año Lopetegui comunicó a la empresa Tecpetrol que había habido un “error de liquidación” en los pagos realizados entre abril y junio, abonando el totalidad de la producción.
Para la empresa, la medida implica una pérdida retroactiva de 5.655 millones de pesos y mil millones de dólares en promedio en los próximos tres años. En ese contexto, Tecpetrol anunció la suspensión de 300 operarios de una de sus iniciativas en Vaca Muerta, relativizó su plan de inversiones en el país y llevó adelante varios planteos judiciales.
Abogados especializados en el sector energético sostienen que el actual recurso administrativo podría derivar en una presentación judicial, en una escalada del enfrentamiento con uno de los más poderosos empresarios locales, que el Gobierno tal vez no esté dispuesto a afrontar en un año electoral.
