Este jueves la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires Mara Ruiz Malec destacó que el aval judicial a la multa que el Gobierno bonaerense le impuso a la empresa de delivery Rappi implica una “una oportunidad para regularizar esta actividad y que más trabajadores puedan incorporarse al mundo de los derechos”.
El Gobierno provincial había multado a Rappi con más de 16 millones de pesos por sostener relaciones laborales encubiertas e incurrir en múltiples irregularidades en cuanto a la contratación de personal (incluyendo la no exhibición de recibos de pagos de haberes y de afiliación a la ART), decisión que fue avalada esta semana por el Tribunal de Trabajo Nº 2 del Departamento Judicial La Plata (integrado por los jueces Juan Ignacio Orsini, Julio César Elorriaga y Carlos Mariano Núñez).
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A principios de mes, una decisión similar había sido adoptada por el Tribunal del Trabajo N°4 de La Plata, confirmando una multa de 6,3 millones de pesos contra Glovo por infracciones cometidas en 2020. “El Tribunal 2 y el Tribunal 4 se han expedido ya a favor del Ministerio de Trabajo y han dado cuenta de una relación laboral no cubierta», remarcó y planteó que «de las empresas de plataforma, ésta es las más evidente en la que hay una relación de dependencia”, enfatizó Ruiz Malec.
La funcionaria consideró que estas empresas de reparto “hablan de trabajo independiente, pero uno ve todo lo contrario” y explicó que los trabajadores de las mismas “pueden ser cancelados, no deciden lo que cobran, y pueden ser expulsados”. “Se dan todos los lineamientos de una relación de dependencia y siguen diciendo que son colaboradores”, remarcó.
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La titular de la cartera laboral bonaerense subrayó que “no existe el cuentapropismo de la aplicación de delivery como se puede pensar en una plataforma de profesional, acá dependen claramente de la plataforma” y agregó que el trabajador “depende absolutamente de la empresa que tiene la aplicación”.
“Son empresas que lograron hacer escala de una tarea muy atomizada, y eso nos debe permitir regularizar la actividad, no precarizarla. No queremos que a ninguna firma le vaya mal. Encontraron una forma de hacer escala en esto, y eso debería permitirnos avanzar en la formalización de los trabajadores”, insistió la ministra.
Para terminar, Ruiz Malec se manifestó esperanzada en que estos fallos puedan permitir “que haya una conversación entre la empresa y los trabajadores y poner eso en orden”. En ese sentido, opinó que las decisiones judiciales constituyen “una oportunidad para regularizar esta actividad y que más trabajadores puedan incorporarse al mundo de los derechos, y no menos”.
