Representantes de los gremios pesqueros y marítimos de Río Negro, con el acompañamiento de la CGT Zona Atlántica, se reunieron con legisladores provinciales para hacerles llegar sus inquietudes y críticas por un nuevo proyecto de ley de regulación del sector.
Voceros de gremios como el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Sindicato de Conductores Navales República Argentina (SICONARA) le hicieron llegar a los legisladores justicialistas María Inés Grandoso, Raúl Martínez y Alejandro Marinao sus preocupaciones en torno a la grave situación del sector y las mayores complicaciones que plantea el nuevo proyecto de ley.
Los representantes gremiales denunciaron que “en el puerto de San Antonio hace un largo período de tiempo se viene produciendo gran cantidad de anormalidades en todo el sector”. Al respecto, enumeraron problemas con “permiso de pesca irregulares, escaso control, anarquía portuaria, falta de balizamiento para resguardos de seguridad, buques en mal estado, tripulantes totalmente desprotegidos en la angustiosa situación de encontrarse abandonados por las empresas que huyen entre gallos y medianoche”.
Además, remarcaron que el nuevo proyecto de Ley de Pesca provincial no contempla una descripción de los “derechos laborales”. Por eso solicitaron a los legisladores que en las respectivas discusiones en las comisiones parlamentarias correspondientes “se defienda la protección del obrero más allá de la bandera política a la cual cada legislador pertenezca”.
Al respecto, añadieron: “Vemos con asombro y desazón que el convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, ya adoptado por nuestro Estado nacional en el año 2017, no es ni siquiera parcialmente tenido en cuenta, ante el intento de sacar una ley que sirva solamente a intereses ya instalados, desprotegiendo una vez más al trabajador embarcado, que es el motor de esa gran maquinaria que es la pesca en la provincia de Río Negro”.
Ante una realidad en la que ya existen graves problemas laborales y una perspectiva de una nueva ley que empeora la desprotección para los trabajadores, los gremios adelantaron posibles medidas de fuerza, dependiendo de cómo avance la discusión parlamentaria.
