Rescindirían el contrato de soterramiento del Sarmiento, cuyas obras están paralizadas hace un año

Este lunes el ministro de Transporte Mario Meoni confirmó que su cartera se encuentra trabajando en la rescisión de los contratos de obras para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, cuyos trabajos se encuentran paralizados hace casi un año.

Con una conferencia de prensa desde Casa Rosada, Meoni ratificó que están “trabajando y avanzando en la rescisión de los contratos para las obras del soterramiento porque de la forma en que está planteado es inviable”. Estos contratos son con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la italiana Ghella y la argentina Sacde (ex Iecsa, vinculada a la familia del presidente Mauricio Macri).

En su momento, durante el kirchnerismo, el consorcio ganador del la licitación (que todavía integraba la brasileña Odebrecht) se había comprometido a garantizar el financiamiento de la obra, pero como no lo consiguió la obra se paralizó hasta que luego de la asunción de Mauricio Macri como presidente éste decidió que el Estado asuma la financiación, destinando 40.000 millones de pesos al proyecto. Luego de algunos kilómetros de avance de la obra, y en medio de numerosas denuncias por irregularidades con esos fondos, el proceso devaluatorio iniciado a mediados de 2018 volvió a congelar los trabajos.

En momentos de tensión los gremios ferroviarios debutaron con Meoni

En este escenario, la decisión oficial de finalizar las concesiones no tendría mayor impacto en términos de pérdida de puestos de trabajo, ya que las empresas contratistas ya realizaron una tanda de despidos en enero del año pasado, al concretarse otra paralización casi total del proyecto de soterramiento.

Meoni detalló que para retomar la obra, hoy sería necesario invertir “más de 1500 millones de dólares”, lo que resulta imposible “en el marco de la crisis que existe hoy”. Mientras se evalúan alternativas, el ministro manifestó: “Tenemos tres etapas de discusión: una de carácter técnico sobre cómo se resuelve y se continúa la obra; una segunda de carácter jurídico, acerca de si es posible esa rescisión sin impacto negativo para el Estado, y una tercera de índole económico, para ver si lo que se reclama y se demanda es justo o no”. Luego confirmó que el Estado pagará los certificados de obra por las partes ejecutadas, aunque no sin una revisión.

En cuanto al estudio de impacto financiero de la rescisión, Meoni aclaró: “Muchas veces se han tomado decisiones políticas en la Argentina que son impactantes a la hora de un título, pero que después tienen consecuencias económicas muy graves y nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a cuidar los recursos. Quiero ser muy prudente respecto de esto para evitar problemas al sector público”.