Desmintiendo rotundamente los datos que difunde el Gobierno de Javier Milei para intentar sostener un relato de recuperación económica que no tiene asidero en la realidad, en los últimos días siguieron sumándose noticias de empresas en crisis, con dificultades para pagar los salarios, despidos y amenaza de cierre. Hasta la Unión Industrial Argentina (UIA), defensora de las políticas oficiales desde el inicio de la nueva gestión, salió recientemente a reconocer su “preocupación” por la sostenida pérdida de puestos de trabajo.
La histórica planta productora de calefactores Eskabe despidió esta semana a cinco trabajadores de su planta marplatense (algunos con cerca de 30 años de antigüedad en la firma), remarcando que sus ventas en el mercado interno tocaron un piso histórico. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) plantearon su creciente preocupación por la situación del sector.
En la fábrica santafecina de cosechadoras Vassalli, también se atraviesa una severa crisis, ya que desde el martes de esta semana un grupo de trabajadores llevan adelante asambleas y protestas frente a la planta de Ruta Nacional 33 para reclamar por el pago de salarios atrasados. La UOM local detalló que se adeudan parte de los salarios de junio, todo julio y el medio aguinaldo correspondiente, además de otras sumas retroactivas.
La empresa pesquera Conarpesa anticipó un posible cierre, que podría dejar sin trabajo a 1300 trabajadores en la provincia de Chubut. Esta fue la amenaza planteada por su dueño Fernando Álvarez Castellanos, que no logró acordar con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) una rebaja salarial del 30%, como pretendía. En ese marco, el gremio denunció que el empresario estaba intentando hacerle firmar individualmente contratos a la baja a los empleados de la empresa, contradiciendo todos los acuerdos paritarios, por lo que se planteó una denuncia por “extorsión”, a la que el empresario respondió con la confirmación de un parate productivo para lo que resta del año y la amenaza de cierre.
Ese jueves también se hizo pública la ocupación por parte de sus trabajadores del supermercado Easy de Caseros, luego de que se anunciara la venta de los terrenos en los que funciona el comercio. Ante la incertidumbre y la falta de información de algún tipo por parte de la empresa, se exige el respeto a los puestos y derechos laborales de los más de 67 trabajadores del supermercado, algunos con más de 20 años de antigüedad.
