Después de que la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmara la fecha de su tercer paro general contra el Gobierno de Javier Milei, desde el oficialismo dieron cuenta del fin del momento “dialoguista” logrado con la central obrera durante los últimos meses, para pasar a otro de conflictividad más abierta. En ese marco, apoyándose en un decreto que desregula la actividad de los transportes marítimos y fluviales, se pretende avanzar hacia la imposición de limitaciones al derecho a huelga.
La iniciativa, aprobada a fines de enero de este año con el nombre de “Desregulación y promoción del Transporte Marítimo y Fluvial de la República Argentina”, fue impulsada por el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, que ahora pretendería ampliar lo definido para la actividad marítima y portuaria a otras actividades, con el objetivo de debilitar el impacto de la medida de fuerza de la central obrera programada para el próximo 10 de abril.
Colectivos, trenes y subtes se suman al paro de la CGT, que crece en perspectivas de contundencia
Antes de la aprobación del decreto 37/25, Sturzenegger había anticipado en una entrevista televisiva: “Ya estamos con el tren (en referencia a la reciente privatización de Trenes Argentinos Cargas), pero también estamos reduciendo el costo del camión. Y después viene todo un gran capítulo que es el de la navegación marítima y fluvial, que también es fundamental para los costos de importación y exportación”. Y remarcó que se trata de “un movimiento para generar muchísima más competencia y bajar los precios” y para “conferir al sector un mayor dinamismo, simplicidad y operatividad, para que los usuarios accedan a sus requerimientos sin cargas ni dilaciones innecesarias”.
Sin embargo, especialistas advierten que tras esa fachada se esconde una ofensiva contra el derecho a huelga y disposiciones que atentan contra la libertad sindical y el accionar gremial, con una serie de disposiciones que favorecen a las grandes empresas y consorcios del sector. El mecanismo es el mismo que ya se intentó en relación con los servicios aéreos (y terminó bloqueado por la Justicia, tras ser impugnado por organismos internacionales tales como la Organización Internacional del Trabajo y la Federación Internacional del Transporte): la declaración de la actividad de transporte marítimo y fluvial como “actividad esencial”, lo que redunda en una limitación del derecho a huelga por exigir que, aún en situación de conflicto colectivo, se garantice al menos la prestación de un 75% de los servicios habituales.
La desregulación del sector fue cuestionada en su momento por gremios como el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales (Siconara), el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante y otros gremios de la actividad marítima y fluvial. Estas organizaciones también denunciaron que la flexibilización también afecta a los contratos de embarque para permitir contrataciones bajo leyes laborales extranjeras (desfavoreciendo a la mano de obra local) y elimina regulaciones de los convenios colectivos locales en cuanto a la estabilidad laboral o la seguridad social. La reforma también elimina la obligatoriedad de contratar serenos para los buques en puerto.
Según trascendidos, el Gobierno buscaría generalizar las restricciones al derecho a huelga derivados de la declaración de “esencialidad” a otras actividades del transporte, como forma de limitar el impacto del próximo paro general convocado por la central obrera.
