La aplicación de delivery Rappi se resiste a cumplir el fallo judicial que la obliga a reincorporar a tres trabajadores despedidos por haber integrado la novedosa Asociación de Personal de Plataformas (APP), gremio en formación que busca defender los derechos de los así llamados “rapitenderos”.
Un reciente fallo judicial obliga a las empresas a la reincorporación de los tres despedidos o al pago de una multa de 2 mil pesos diarios por cada día de infracción, ante lo que Rappi prefirió pagar la multa de 58.000 pesos e incumplir el mandato de la Justicia. El fallo definía el «cese, en forma urgente, con la conducta antisindical desplegada y proceda inmediatamente a desbloquear el acceso a su aplicación informática y móvil (Soy Rappi), mediante las respectivas identidades digitales de los actores, a fin de que continúen prestando servicios».
José Tribuzio, abogado de la APP, analizó: «La empresa planteó que no va a cumplir porque es ajeno a su modelo de negocios e hizo el depósito de las multas. Prefiere pagar la sanción hasta que salga la sentencia definitiva. Cumplir va contra su modelo de negocios, prefiere pagar, ni siquiera lo embargamos».
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Mientras tanto, en la Justicia se sigue discutiendo la cuestión de fondo que plantean desde el gremio APP, que es la existencia de una relación de dependencia entre los trabajadores y las empresas, que los definen como colaboradores y no asumen ninguna responsabilidad sobre su seguridad laboral (aunque ya se han registrado graves accidentes) mientras les niegan el derecho a organizarse sindicalmente.
Los representantes legales de los trabajadores presentaron una cautelar que plantea que se respeten los puestos de trabajo mientras se resuelve el juicio, que puede llegar a demorar años. Mientras tanto, desde la Cámara de empresas de delivery y la empresa Envío Ya también demandaron al gobierno porteño para que el resto de las empresas de delivery (apuntando especialmente a Rappi y Glovo) cumplan con todos los requisitos exigidos por la ley para la circulación en la ciudad, como casco, habilitación, mochilas con determinadas características para refrigerar alimentos y otros detalles.
En los últimos días, un fallo judicial obliga a estas empresas de delivery con soporte de plataformas a blanquear a su personal y a garantizarles el equipamiento necesario, con un plazo de 60 días concedido por la Corte de Apelaciones. También la Justicia porteña ordenó al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a que controle que los repartidores cumplan con las normas de seguridad, una medida polémica ya que al no estar resuelta la cuestión de la relación de dependencia, las multas de hasta 4 mil pesos deberían ser afrontadas por los propios empleados en infracción.
