Quiñones: «Tabacaleras en quiebra significan diez mil trabajadores menos, importación y contrabando»

Es el lado humano de la cuestión, para una actividad que puede ser cuestionada y de difícil resolución a la hora de ser denominada «esencial» para que comience a funcionar, aun cuando el stock de cigarrillos ha llegado a su fin, y la demanda es muy grande entre los ocho millones de fumadores que hay en el país.

Pero debido a la crisis del sector, devenida de la falta de producción a causa del Aislamiento Social Obligatorio “más de diez mil trabajadores están en una situación muy complicada”, situación que se agravó aún más en una industria, que ya venía atravesando un momento muy difícil y frente a la necesidad de reconvertirse y  de trabajar también con el tabaco en su función medicinal.

Al respecto, Raúl Quiñones, secretario general del Sindicato único de Empleados del Tabaco (SUETRA) visibilizó el problema en Estado de Alerta, siempre consciente de que «somos una industria que fabrica un producto de consumo masivo para el adulto mayor, que es tóxico para la salud» reconoció el dirigente quien manifestó que «así reza en la leyenda de la marquilla del producto desde hace aproximadamente 30 años a esta parte”, recordó.

Hecha la aclaración, el parate total de la actividad trae consecuencias de todo tipo ya que “el producto que consumió el fumador fue de 15 días de stock que tenían las empresas y los depósitos mayoristas, lo cual se torna un serio problema en medio de una cuarentena: habrá ocho millones de fumadores en el país que no van a encontrar  el producto y van a salir a buscarlo a la calle”, disparó.

El otro problema que planteó Quiñones frente a ésta realidad “es que las dos multinacionales del sector tienen un plan B para evitar el desabastecimiento del producto: Nobleza está importando ya y ha llegado al mercado argentino producto de Chile, y Massalin Particulares va a empezar a importar, lo que va a tardar entre 10 y 15 días en llegar a la Argentina, desde su planta en Brasil con lo cual «estamos trayendo el producto igual, en desmedro de la mano de obra argentina”.

También denunció otra consecuencia directa y de mayor gravedad aún: “sabemos que cuando el producto no está, tenemos que salir a pelear con un viejo enemigo que es el contrabando” que no se vende en los puntos de venta oficiales,  pero ingresa el contrabando directamente y eso le permite el consumo directo al menor de edad”.

Y el perjuicio no sólo recaería en el sector, también afectaría a las arcas del Estado ya que se dejaría de recaudar ese 80% de impuestos que implica el cigarrillo en una facturación total de unos 700 millones de pesos diarios.

Así el reclamo puntual tiene que ver con poder proteger la mano de obra, los puestos de trabajo, el poder adquisitivo y también que no “estalle” esta situación que Quiñones describía, y sobre lo que hacía foco “no nos podemos llamar un servicio esencial porque no es así y estamos lejos de serlo, pero acá hay una realidad, «hay 8 millones de fumadores que van a tratar de acceder al producto de la forma que sea, el cigarrillo llegará al país y nosotros perderemos”, concluyó el sindicalista, aunque dejó en claro que primero «acompañamos la decisión política de este Gobierno porque entendemos que lo primero es la vida» y remarcó que «los sindicatos del sector están de acuerdo y «ya cuentan con los protocolos de higiene y seguridad que garantizan el distanciamiento social tanto en el transporte como en el lugar de trabajo, lo que permitiría el inicio de la actividad”.