El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger confirmó que hay grandes avances en la reglamentación de los capítulos laborales de la Ley Bases, que por esta vía atendería a reclamos del sector empresarial para endurecer lo aprobado recientemente en el Congreso y retomar los aspectos más polémicos en términos de flexibilización laboral y pérdida de derechos con los que el oficialismo había buscado avanzar originalmente desde el cuestionado Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70.
Las diversas cámaras empresariales que componen el llamado Grupo de los 6 (G6) anticipan que el gobierno dará con la reglamentación laboral una nueva señal de sintonía con los reclamos del sector de avanzar hacia una reforma laboral más dura, como lo plantearon hace algunas semanas en la primera mesa de diálogo intersectorial para la aplicación de la Ley Bases, que se realizó sin la presencia de representantes de las centrales sindicales, que se alejaron de la convocatoria tras la regulación del Impuesto a las Ganancias, de la figura del “colaborador independiente” y del paupérrimo aumento del salario mínimo convalidado por el Gobierno en el último Consejo del Salario.
Sturzenegger anticipó respecto de los planes oficiales: “Se viene más libertad, especialmente en lo que respecta a la tarea del gobierno. La visión general del presidente Milei es que lo que los argentinos necesitan es más libertad”. Y agregó que “las relaciones laborales en Argentina tienen una carga muy pesada que genera incertidumbre y costos asociados y aumentan considerablemente el costo laboral para las pymes y otras empresas”, anticipando que la reglamentación irá en el sentido de una mayor pérdida de derechos adquiridos.
Entre las novedades que incorporará el nuevo marco laboral, se reglamentará lo votado en relación con la extensión del “período de prueba”, que pasó de 3 a 6 meses (llegando a 8 meses en empresas de entre 6 y 100 trabajadores y a un año en pymes que cuenten con hasta cinco trabajadores). Esto permite el fin del contrato sin el pago de preaviso o indemnización por antigüedad. También se avanzaría con un plan de “blanqueo laboral” por el que se podría regularizar a personal informal sin el pago de multas o sanciones, computando sólo hasta 5 años aportes previsionales aunque hayan trabajado más años sin registro.
El oficialismo también pretende avanzar con la aplicación del “fondo de cese laboral” al estilo UOCRA, para facilitarle al empresariado los despidos ya que los fondos para la desvinculación serían aportados a lo largo del período de relación laboral por los mismos trabajadores. Esto tendría que acordarse con los gremios, para avanzar con la modificación de los convenios colectivos de trabajo de cada actividad (aunque previendo la posibilidad de que sea optativo a nivel empresa)
Además, se incorpora como causal de despido la realización de “bloqueos sindicales” (un cambio que se reintrodujo en el Senado a instancias de legisladores de la Unión Cívica Radical, tras haber sido descartado en Diputados). Este era uno de los puntos principales a modificar en los planteos de la Confederación General del Trabajo (CGT) que, según trascendió, podría judicializar la inminente reglamentación oficialista.
