Este martes la provincia de Buenos Aires confirmó que fueron desafectados 400 efectivos de la Policía Bonaerense como resultado de una investigación de Asuntos Internos por las protestas llevadas adelante en septiembre del año pasado, que llegaron a concentrar a cientos de efectivos tanto en las puertas de la residencia del Gobernador como en la quinta presidencial de Olivos. La medida se hizo pública a pocas horas del 11 de febrero, en que se anticipó un nuevo reclamo policial, como estrategia para tratar de frenar otro planteo desestabilizador.
La decisión fue confirmada por fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense que encabeza Sergio Berni, que también señalaron que la investigación se extiende a 1800 agentes (de los 96 mil que componen la fuerza), de los cuales los 400 cesanteados son parte de una “primera conclusión”, por lo que no se descartan más sanciones.
La Policía bonaerense volvería a los reclamos callejeros el próximo 11 de febrero
Según la resolución firmada por el Auditor General de Asuntos Internos Darío Ricardo Diaz, los 400 desafectados debieron entregar sus respectivas armas oficiales y mientras se confluye la investigación no prestarán servicio, cobrando el 50% de sus salarios. Según trascendió, “muy probablemente” sean dados de baja de la fuerza.
Fuentes oficiales también confirmaron que se continúan investigando los hechos de septiembre del año pasado, que “han puesto en riesgo la seguridad pública”, y que no se descartan nuevas cesantías. En este sentido, desde la administración bonaerense reconocieron: “Tenemos que incorporar a miles de efectivos nuevos para una nueva Policía”.
Más allá de que la protesta de septiembre concluyó con un aumento del 28% en el salario de los uniformados y una serie de millonarios refuerzos a los planes de equipamiento policial, un sector de los uniformados reclamaba que las promesas no se habían cumplido y convocaba a una nueva protesta para este 11 de febrero. Entre los puntos de la convocatoria que circula anónimamente por redes sociales se plantean la “equiparación ‘urgente’, de sueldos con Policía de la Ciudad o en su defecto con Fuerzas de Seguridad Nacional (Gendarmería-Prefectura-PSA-PFA)” y el “aumento de las Horas CO.RE.S u Horas Prevencionales, no bajando el Cupo para los efectivos, pudiendo realizar cada efectivo hasta 100 Horas mensuales”.
Desde la cartera bonaerense de Seguridad plantean que en realidad la amenaza de nueva protesta policial tiene intencionalidad “política” y constituye una reacción a las sanciones por la anterior movilización policial, que se veían venir. El propio Berni consideró al respecto: “Este agite no tiene que ver con la cuestión salarial de quienes están en actividad, sino con otros intereses y obviamente políticos. No es casualidad que llamen a movilizar justamente en Mar del Plata y Pinamar, que son dos distritos de la oposición”.
