Protesta de vendedores ambulantes y manteros en Flores por el derecho a trabajar

Este miércoles por la mañana un grupo de vendedores ambulantes y “manteros” llevó adelante una protesta en el barrio de Flores para reclamar contra los operativos de desalojo del Gobierno porteño. Primero se realizó una manifestación callejera en la zona de Nazca y Avellaneda luego se interrumpió temporalmente la circulación del ferrocarril Sarmiento por un piquete sobre las vías.

Los manifestantes protestaron bajo la consigna “Queremos trabajar”, denunciando la persecución del Gobierno porteño, en acciones conjuntas entre la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Policía de la Ciudad, con operativos injustificadamente violentos en muchos casos. El sector de la venta informal viene también severamente golpeado después de los primeros meses de la epidemia de coronavirus, durante los que no pudieron desplegar las actividades que les permiten la subsistencia.

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Tras el fuerte despliegue policial que inmediatamente rodeó la manifestación callejera de los vendedores, los manifestantes trasladaron la protesta a las vías del ferrocarril, donde la Policía de la Ciudad no pudo intervenir por tratarse de territorio federal.

En los últimos días un se llevaron adelante fuertes desalojos sobre los manteros que ofrecían sus productos sobre las calles Avellaneda, Bogotá, Cuenca, Argerich y Aranguren, el Gobierno porteño ordenó “reforzar la presencia policial con personal de calle, agentes de prevención y personal de la AGC para evitar la instalación de manteros en la vía pública”, lo que fue el detonante para la protesta de este miércoles.

Los comerciantes de la zona apoyaron explícitamente la iniciativa de Ciudad, denunciando que “la venta ilegal tiene un rostro indigno, ya que detrás de un vendedor ilegal que trabaja sobre una manta, hay una organización mafiosa que se aprovecha de su necesidad de trabajar para explotarlo bajo sistemas de trabajo esclavo y trata de personas”. Luego sostuvieron que estas organizaciones “no sólo perjudican a los comerciantes, sino a la comunidad en su conjunto, generando violencia, contrabando, competencia desleal, corrupción y defraudación al fisco”.