El Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), está llevando adelante desde la medianoche de este martes una protesta por 24 horas en los principales peajes de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, habilitando el paso de los automovilistas sólo por las barreras levantadas de las cabinas de cobro manual, lo que viene generando un importante congestionamiento vehicular.
La titular del gremio Florencia Cañabate, cercana a Facundo Moyano, cuestionó en duros términos al Gobierno nacional y reclamó el pago del aumento salarial acordado en las últimas paritarias, además de “una adecuada reconversión laboral” que de cuenta de los avances tecnológicos.
La medida arrancó a las 0 horas del miércoles y se extenderá todo el día, incluyendo una movilización al mediodía al Ministerio de Trabajo. Desde el SUTPA denunciaron: “Los trabajadores y el sindicato denunciamos que esta ausencia de políticas adecuadas por parte del Gobierno hirió severamente una actividad que durante décadas tuvo empresas (públicas y privadas) con ecuaciones tarifarías adecuadas, brindando servicios de calidad a los usuarios y garantizando las fuentes de trabajo del sector”.
Luego explicaron que, “sin entrar en el debate de la privatización o estatización de las concesiones”, el fin de la protesta es “que haya gestiones que, indistintamente de su modalidad, tengan previsión, planificación, y cuiden el trabajo, las rutas y a los usuarios”. Y añadieron: “El martes 25 de octubre los trabajadores de peaje de todo el país estaremos realizando un paro general con movilización al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a las 12:00. Dicha medida radica en la incertidumbre que tenemos acerca del futuro de nuestra actividad. La falta de planificación por parte del Gobierno Nacional y Provincial en lo que respecta al funcionamiento y al futuro de las concesiones viales pone en riesgo el trabajo de 7000 familias. A su vez, la imprevisión y ausencia de políticas públicas que cuiden las rutas y autopistas resienten la conservación y el mantenimiento de las mismas, situación que también atenta contra la seguridad de millones de usuarios”.
“Ante el atraso tarifario de todas las empresas del sector, se pretende cortar el hilo por lo más delgado: no pagar las obligaciones paritarias asumidas”, remarcaron. Luego desde el gremio denunciaron que “las autoridades que están a cargo de las empresas de la actividad se han mostrado reticentes a nuestras demandas, impidiendo una adecuada reconversión laboral. No hay futuro ni progreso si la gente se queda sin trabajo o se precarizan sus tareas. Cualquier cambio debe ser con los trabajadores y el sindicato, jamás contra ellos”.
“Esta inoperancia política ningunea un sector de la economía que debería ser provechoso para el desarrollo de la comunidad, poniendo en riesgo fuentes de trabajo en un país donde casi el 39% de la población es pobre y más de 4 millones de argentinos son indigentes. Además, el deterioro de la red vial nacional y provincial en un país donde los accidentes de tránsito se cobran 20 vidas por día nos sitúan en el triste ranking de ser uno de los países con más muertes por siniestros viales en el mundo”, concluyeron desde el gremio.
