Por el contrario de los cuestionamientos que presentó la Unión Industrial Argentina al Gobierno respecto al nuevo decreto que prorroga la prohibición de suspensiones y despidos sin causa y la doble indemnización, el sindicalismo apoyó las medidas y las consideró «oportunas» para evitar una ola de despidos.
En las reuniones con el presidente que mantuvo la Confederación General del Trabajo antes de cerrar el 2020 ya le habían expresado la necesidad de continuar con algunos ATP, la urgencia de recibir fondos para sus desfinanciadas obras sociales y particularmente un plan para evitar el crecimiento del desempleo en medio de una profunda crisis económica.
Por eso, los principales dirigentes del sindicalismo dieron el visto bueno y reforzaron su posición como contraparte de los empresarios como Daniel Funes de Rioja que lo consideraron una «traba» para el mercado laboral a punto de llamarlo «triple cepo» y considerar que va a contramano de la reactivación productiva y no favorece la contratación de empleo formal en el sector industrial.
Si bien, algunos sindicalistas, en off suelen reconocer que las empresas que están mal y tienen que cerrar lo harán igual de todos modos, consideran que hay una contención y que se evitarán despidos masivos para reemplazarla -y sólo en parte- por mano de obra más precarizada.
La discusión cruzó toda la geografía del país. Algunos mismos empresarios como Jorge Roccia Ferro, titular de la UIA Tucumán, consideró como cosmético el asunto y señaló que no lo definiría como «bueno ni malo» sino que apuntó de lleno a la cuestión que es «poder pagar sueldos y tener a la gente».
Allí mismo en la provincia norteña Teresa Hernández, secretaria adjunta de la CGT reconoció que «muchas empresas están mal» pero recordó que el gobierno las ayudó mucho con asistencias y programas para el pago de salarios, lo que significa que «no mira para un sólo lado», y sólo acude ésta vez a una «medida prudente para sostener el empleo».
