El presidente Alberto Fernández firmó a horas de las elecciones de medio término, el proyecto de ley sobre «Fomento al Desarrollo Agrobioindustrial» y llega a la Cámara de Diputados para que sea debatido en el Congreso. Se trata de una iniciativa que fue presentada a fines de septiembre en la Casa Rosada, con la presencia de la mayoría de las 64 entidades integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que participaron de la discusión.
Este documento, que ahora se transformó oficialmente en proyecto de ley, también fue firmado por los ministros de Agricultura Julián Domínguez, de Economía Martín Guzmán y por del jefe de Gabinete Juan Manzur. El mismo propone una serie de beneficios impositivos para la ganadería y la agricultura cuyo objetivo es alcanzar exportaciones anuales por u$s100 mil millones y generar 700.000 empleos en 10 años.
Respaldado tanto por el Gobierno nacional como la oposición, el proyecto se presentó a fines de septiembre y fue redactado por los equipos técnicos de las más de 60 entidades que conforman el Consejo Agroindustrial Argentina y los del Gobierno. De acuerdo a sus impulsores, la ley se caracteriza por beneficiar a empresas Pymes, medianas y grandes; promueve el cuidado del ambiente; y estimula el incremento de la exportación a la vez que, al potenciar el aumento de la producción, asegurará el mejor abastecimiento del mercado interno.
El régimen está previsto que se aplique desde enero del corriente año (retroactivo) hasta diciembre de 2030 y tiene por objetivo incrementar las exportaciones en 7.000 millones de dólares en exportación y generar más de 150 mil puestos de trabajos en todo el país. La norma prevé la amortización acelerada en 3 años -actualmente, de 10 años- o acorde al tipo de inversión en cada sector del agro (en la olivicultura es de 40 años).
Para inversiones en construcciones -excluida viviendas- y de infraestructura, establece que la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas será la que surja de considerar su vida útil, reducida al 50% de la estimada. Por otro lado, se prevé la devolución de IVA para inversiones en un año, cuando hasta ahora se realiza en 4 años promedio, lo que beneficiará y alentará a plantas frigoríficas, acopios, usinas lácteas, plantas de balanceado, planta de tratamiento de frutas, etcétera.
Los controles posteriores verificarán el cumplimiento considerando indicadores tales como volumen de ventas, volumen de producción física, volumen de exportaciones físicas, cantidad de personal ocupado o inversiones realizadas. Para actividades agroindustriales que tengan IVA diferentes, podrán computar los débitos fiscales generados por tales operaciones. Esos y otros tantos beneficios impositivos están plasmados a lo largo del proyecto, que promete impulsar al sector agropecuario, generar empleo, dólares genuinos, reactivar la economía y ser parte de un acuerdo entre Gobierno y oposición que tienda puentes luego de los resultados del domingo 14 de noviembre y durante los dos próximos años de gestión.
