Unos días después de la detención de Herme Oscar Orlando Juárez, titular del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA), su situación procesal se agravó seriamente al ser procesado con prisión preventiva por el juez federal Adrián González Charvay. El magistrado también fijó un embargo de 500 millones de pesos en su contra.
El gremialista fue detenido la semana pasada en el marco de una redada de la Policía Federal, con la colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en el marco de la investigación acerca de una posible asociación ilícita. La imputación contra Juárez incluye los delitos de coacción agravada, administración fraudulenta y lavado de activos de origen ilegal, agravado por la habitualidad.
Oscar Juárez, hijo del titular del gremmio, también fue procesado con prisión preventiva, compartiendo las acusaciones de su padre, y se le estableció un embargo por 200 millones, por considerarlo como miembro de la asociación ilícita. El juez González Charvay también procesó a Daniel Gustavo Badía, empleado de la Cooperativa del Puerto de San Martín y gerentes de confianza de Herme Juárez, pero no se le aplicó la prisión preventiva, lo mismo que en los casos de Ramón Jerez y los hermanos Damián y Pablo Bunello.
Herme Juárez y su hijo quedan entonces como los únicos detenidos de la investigación. El juez también dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer a seis imputados, incluyendo a Iván Daniel Juárez, hermano del gremialista y presidente de la Cooperativa del Puerto de San Lorenzo (también bajo investigación).
Luego de ordenar los procesamientos, el juez González Charvay se declaró incompetente para continuar en el caso y ordenó remitir el expediente al Juzgado Federal de Rosario.
