En las últimas horas el directorio de la cerealera Vicentin presentó una propuesta de pago a los acreedores quirografarios con una quita del 75% y el pago del resto en Obligaciones Negociables (ON) a liquidar en un plazo de 20 años, lo que generó una gran preocupación en los cientos de empresas con las que la firma concursada mantiene deudas millonarias.
Según anticiparon, estas ON se emitirían en dólares para aquellos acreedores con créditos verificados en esa moneda, en el marco del concurso preventivo (la alternativa incluye a grandes entidades financieras, a empresas multinacionales como Renova e incluso a Vicentin Paraguay).
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En el caso de los acreedores con deudas pesificadas, que son la mayoría de los pequeños productores y acopiadores con los que Vicentin dejó de cumplir sus obligaciones de pago, las ON se realizarían en pesos al tipo de cambio oficial. Esta propuesta implica una enorme licuación de la deuda, por la evolución inflacionaria previsible en el plazo de 20 años que contempla el plan propuesto por el directorio, en tanto la tasa de interés prevista para estas ON pesificadas es la Badlar (hoy en 34,1%, con una inflación real cercana al 50%).
A pesar de que la propuesta es claramente perjudicial para la mayoría de los acreedores, el directorio sostiene en la misma que “durante la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo, la concursada mantendrá la libre administración y disposición de sus bienes”, lo que deja en claro las intenciones de la empresa de mantener el control sobre la misma durante los próximos 20 años.
El diputado provincial santafecino Carlos del Frade denunció la maniobra desde sus redes sociales, planteando: “Vicentin ofreció pagar el 25 por ciento de las deudas a veinte años. De esta forma quiere estirar el proceso preventivo de acreedores hasta el 31 de marzo de 2022. No es una propuesta, es una síntesis de la impunidad del grupo que autovació la firma, adulteró balances, sobrefacturó importaciones, subfacturó exportaciones, lavó dinero, fugó capitales del pueblo argentino, estafó miles de productores y fue la expresión más nítida de la colonización del estado argentino a favor del capital financiero en su etapa macrista. Sin esperanza en la justicia civil y comercial de Reconquista, sería fundamental que la justicia penal santafesina y argentina embargue bienes, recupere el dinero enviado a los paraísos fiscales y ponga presos, alguna vez, a los delincuentes de guante blanco que siguen gozando de semejantes encubrimientos”.
