Nicolás Posse, el jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, durante su informe de gestión ante el Congreso describió la política de retiros voluntarios en distintas reparticiones, dependencias y organismos estatales, planteándola como un logro de la gestión, al tiempo que reconoció que cerca de un millón de trabajadores volverían a pagar Ganancias sobre sus salarios en caso de aprobarse la Ley Bases que debate el Congreso Nacional.
Después de la media sanción obtenida por la Ley Bases en Duiputados y en el marco de varias jornadas de debate en plenarios de Comisiones del Senado, el Jefe de Gabinete ratificó los cálculos que se venían proyectando extraoficialmente desde distintas consultoras y gremios, incluyendo a la Confederación General del Trabajo (CGT), acerca de que con la decisión oficial de restituir el Impuesto a las Ganancias casi un millón de trabajadores volverían a pagar el tributo, lo que implica un muy fuerte impacto sobre sus ingresos.
Aunque aún no está definitivamente fijado el aumento del Mínimo No Imponible (MNI) y las deducciones a aplicar, como así también se finalmente se agregarán algunas nuevas o no, un documento oficial anticipaba que pasarían a pagar Ganancias los trabajadores solteros desde $ 1,8 millones brutos y los casados con dos hijos a partir de $ 2,3 millones. Al respecto, Posse confirmó: «El Gobierno estima recaudar 0,31% del Producto Bruto Interno (PBI) por este tributo,. Actualmente, tributan 195.729 contribuyentes y pasarían a tributar 1.150.000 contribuyentes».
Además del debate en torno a Ganancias, que a inicios de la semana tuvo la participación de representantes gremiales como el triunviro cegetista Héctor Daer y el titular de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky, el informe de gestión de Posse también tuvo otro momento polémico cuando se le preguntó por «aprietes» a trabajadores del Correo Argentino para que acepten los retiros «voluntarios» que impulsa el oficialismo.
El senador santacruceño José María Carambia denunció que estos hechos se estaban produciendo en su provincia, donde trabajadores de la empresa estatal (que figura como sujeta a privatización en el proyecto de Ley Bases) denunciaron aprietes para firmar sus retiros. Posse, sin responder sobre la denuncia de intimidaciones, reconoció que ya se recortaron 1700 puestos de trabajo en la firma, remarcando que «el retiro en el Correo es voluntario, cada trabajador elige».
