Con la publicación de la convocatoria del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en el Boletín Oficial, este jueves el Gobierno nacional oficializó y fijó para el 30 de noviembre el inicio de las audiencias públicas para definir un aumento de las tarifas de la energía eléctrica para el sector correspondiente al transporte.
El nuevo cuadro tarifario incluye también a las empresas transportadoras de la energía eléctrica, que componen uno de los tres tramos del servicio (junto con la generación y la distribución). Este sector -compuesto por las empresas Transener (nacional), Transba (Buenos Aires), Transpa (Patagonia), Districuyo (Cuyo), Transco (Comahue), Transnoa (Noroeste), Transnea (Noreste) y el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN)- reclama un aumento del 2% del cargo variable actualmente en vigencia al 3,4%, argumentando retrasos tarifarios por la inflación.
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Al respecto, el Ente regulador explicitó: “Desde ENRE comprendemos que la inflación proyectada en su momento del 33% al establecer las tarifas anteriores y la real cercana al 95% anualizada puede haber generado desfasajes en sus estados contables. Sin embargo, está más que claro que las empresas utilizaron las partidas de inversión que en ningún caso supera el 23% de lo comprometido para el financiamiento del pago de salarios”.
Además, las empresas del sector pretendían que este aumento se definiera sin el paso previo de la convocatoria a audiencias públicas, lo que fue rechazado “de plano” por el ENRE, por considerar esta posibilidad como “violatoria al marco jurídico vigente, y porque además esta Intervención considera que los actos de esta naturaleza deben ser públicos como lo consideró el “Fallo Capis” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
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El ENRE además cuestionó el argumento empresarial de que el desfasaje por la inflación implica “la imposibilidad de inversiones” debida a una “mayor demanda salarial”, preguntándose porqué, si esto fuera así, las empresas solicitan “aumentos acumulados en 2022 que van más allá de los salarios acordados para el sector”. Y concluye: “Y si así correspondiera y lo determinara dicha audiencia, ¿las empresas recuperaran el nivel de inversión comprometido? Son parte de las cuestiones y compromisos que deben asumir frente a los usuarios, por nuestra parte la no inversión y el incumplimiento en la baja calidad del servicio son cuestiones sancionadoras que estamos dispuestas a aplicar ante dichos incumplimientos”.
