El Gobierno nacional envió a fuerzas de Gendarmería a Vaca Muerta, para reforzar la seguridad en medio de una protesta gremial contra la suspensión de más de mil trabajadores en el sector a consecuencia del desfasaje de costos producido por el congelamiento de combustibles.
El objetivo declarado del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich para el despliegue de fuerzas de seguridad en los yacimientos de Vaca Muerta es “garantizar el suministro de bienes e insumos indispensables para el correcto desarrollo de la actividad de explotación de hidrocarburos”, como se detalla en la Resolución 768/2019, publicada este martes en el Boletín Oficial.
El despliegue de Gendarmería en el “espacio geográfico de la formación geológica Vaca Muerta situada en la Cuenca Neuquina que comprende parte de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza”, se tomó luego de que este lunes se registrara un grave incendio en uno de los pozos de exploración.
El conflicto local se enmarca en una difícil situación internacional, en la que el ataque de rebeldes yemeníes a refinerías de Arabia Saudita logró que este lunes se disparara el precio internacional del barril de crudo. Este aumento suma tensiones a la ya difícil situación del sector en nuestro país, con las petroleras reclamando por un atraso en el precio de los combustibles (congelados por decreto hasta noviembre) de hasta 38%.
El congelamiento, resistido por las petroleras, ya generó una baja en la producción, recorte de inversiones y la suspensión de más de mil trabajadores del sector, ante lo que los gremios petroleros se declarael Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa se declaró en “alerta y movilización permanentes”.
Desde el Ministerio de Seguridad se teme que alguna de las medidas de protesta pueda paralizar la operatoria de Vaca Muerta, por lo que se aprobó el envío de Gendarmería, con el objetivo de “proporcionar protección física a las instalaciones de las plantas de explotación de hidrocarburos (…) a fin de asegurar los intereses económicos vitales del Estado Nacional”. El texto oficial concluye aclarando que la fuerza de seguridad se encontrará “a disposición de las autoridades judiciales locales” solamente “en lo que respecta a cuestiones que afecten o tuvieren incidencia directa en las condiciones de seguridad imprescindibles para el desarrollo de la explotación de hidrocarburos”.
