El avance de una denuncia realizada desde Vialidad Nacional desencadenó en la imputación del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales.
La denuncia original fue presentada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. El gremio demandó penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que los contratos fueron extendidos por una resolución y sin llamado a licitación (como está previsto en la ley).
El dictamen de la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano indica que «sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido».
Los delitos que se les imputan a los funcionarios del Gobierno son el de “negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica”.
Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017.
De acuerdo a lo que marca el decreto 1288/16, en ese momento se tendría que haber llamado a una nueva licitación. Sin embargo, el entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, emitió una resolución (la 811/17) por la que se prolongaron los plazos.
Dicha resolución ad referéndum del Poder Ejecutivo, fue girada al Ministerio de Transporte, desde donde «Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar», figura en la denuncia.
La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, firmó la presentación que ya se encuentra en los tribunales, en la cual figura que: “Iguacel y Dietrich favorecieron a un grupo pequeño de empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, evitando competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”.
Aleñá declaró como testigo y ratificó la denuncia presentada, donde informó que “después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP).
Aleñá: «Mientras alardeaban transparencia este Gobierno hizo grandes negocios»
Sin embargo, “ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores». “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, dijo Aleñá.
«Por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peajes con aumento constante de las tarifas”, argumenta la denuncia, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.
Esta no es la única causa en la que se investigan negocios corruptos sobre los peajes: hay una investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación.
