A pesar de haber decretado oficialmente que pagarán el aguinaldo de los trabajadores estatales en cuotas, no habrá una definición similar por parte del Gobierno para que los privados lo hagan de igual modo.
El pedido oficial de la UIA respecto a la ayuda estatal o al dictamen de una norma que regularice la situación no tuvo respuesta positiva, si bien, todos entienden que, como precedente, es válido el pago del Estado a sus empleados en forma fraccionada para hacer algo similar en el sector privado.
Pero existe desconfianza de los empresarios –de ahí el pedido del decreto- sobre el inicio de futuras sanciones administrativas o acciones legales de parte de sus empleados por la fracción del salario anual complementario que por ley de contrato de trabajo se debe pagar de una sola vez.
Así permanecen en plena polémica, aunque ya algunos funcionarios de Trabajo parecen haber dado luz verde para llegar a acuerdos por sectores, particularmente basado en si han podido abrir o no sus puertas durante la extendida cuarentena, hoy a punto de alcanzar los cien días y de extenderse en forma más intensiva por otra quincena.
La cartera de Claudio Moroni debe surfear entonces por éstos días las fuertes presiones de cámaras y gremios para que se autorice el desdoblamiento que en los hechos ya están negociando en comercio, textiles, gastronómicos y otros.
Desde el Ministerio de Trabajo insisten en que no es necesario sacar ninguna resolución entre privados, y que debe resolverse “como un acuerdo entre partes” al que ni siquiera le haría falta la homologación del ministerio, salvo en casos excepcionales”.
El acuerdo por lo menos a nivel CGT, de momento está descartado. Ya desde la central señalaron que no rubricarán en forma institucional el pago en cuotas, aunque uno de sus secretarios generales, Carlos Acuña ya cerró con Estacioneros el pago fragmentado y Armando Cavallieri va en el mismo camino.
A pesar de ser “un derecho irrenunciable”, la situación inédita que atraviesa la economía con una recesión pocas veces vistas y la proyección de miles y miles de persianas bajas, hacen que entre en debate una cuestión que desde hace años estaba establecida por ley, sin discusión alguna.
La Ley de Contrato de Trabajo establece el pago en dos tramos (antes del 30 de junio y del 18 de diciembre), mientras la Ley Pyme autoriza su abono en tres veces en un año en esas empresas siempre y cuando esté previsto en el convenio colectivo, como ocurre en el de gastronómicos y algunas actividades de menor envergadura.
Dada la compleja situación, la CAME insistió con un subsidio al Gobierno para financiar el 100% del SAC, pese a que Alberto Fernández confirmó la continuidad de ATP, pero aclaró que eso no incluye aguinaldo.
Esto convive al mimso tiempo, con el rechazo de estatales a la medida y con anuncios extremos como el del judicial Julio Piumato (UEJN) que llamó a un paro nacional para este viernes y bancario Sergio Palazzo presentó un amparo en las últimas horas, mientras los líderes de las dos CTA, Hugo Yasky y Hugo «Cachorro» Godoy, y los Suteba combativos también se pronunciaron en contra.
