El acuerdo entre el gobierno nacional y la CGT que plantea la entrega de un bono de $5.000 a los trabajadores del sector privado tuvo ayer algunas marchas y contramarchas. A diferencia de lo trascendido el lunes, tras la reunión entre el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y los titulares de la Central Obrera, que hablaba de la “voluntariedad” del pago, ayer el propio Sica confirmó que su pago será obligatorio.
Ante esto no tardaron en aparecer las voces del sector privado que alertaron sobre la situación por las que atraviesan las pymes y la dificultad para enfrentar semejante erogación. Daniel Funes, de Rioja, titular de la cámara alimenticia COPAL, y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), afirmó que “más del 60% de las empresas no podrán hacer frente al pago del bono”.
Por su parte, el presidente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, advirtió que “el bono tendrá que ser a cuenta de paritarias”. Y explicó: “Hay comercios, hay pequeñas empresas de servicios, pequeñas industrias muy chiquitas que no lo van a poder pagar. Estamos planteando discutir esto, que se pueda discutir con el gremio que sea a cuenta de paritaria y no como está planteado. Hay un segmento de la economía que no va a poder afrontar este bono. No todos podemos analizarlo desde la misma manera”.
También se refirió a la iniciativa el titular de la Unión Industrial de Santa Fe, Javier Martín, quién expresó que es “prácticamente imposible” para las pequeñas y medianas empresas pagar el bono acordado entre el gobierno nacional y la CGT. “Nos preocupa sobremanera cómo se va a pagar”, afirmó Martín, quien no obstante admitió que la iniciativa “es un paliativo” para los asalariados.
Sobre el guiño del gobierno a la CGT en torno a impulsar la entrega del bono, los gremios no alineados a la Central Obrera, entre ellos Camioneros y las dos CTA, se mostraron escépticos. Pablo Moyano, de Camioneros, dijo que la idea del gobierno con esto es “demostrar en el próximo G20 que el país está tranquilo, así que con esto, la CGT vuelve a fallarle a los trabajadores”.
Pero acto seguido, desde la CGT, el titular del sindicato de colectiveros y miembro de la «mesa chica» de la CGT, Roberto Fernández, admitió que el bono de $ 5.000 es un paliativo menor para los trabajadores, pero priorizó sostener el diálogo de las partes y confirmó “de momento” la suspensión de la huelga general. «Si queremos paz social y que el Gobierno termine su mandato tenemos que tener diálogo», alertó.
En cuanto a los detalles de la entrega del bono, Sica explicó que la idea es abonar dos bonos de $ 2.500 antes y después del medio aguinaldo de diciembre, es decir en noviembre y enero próximos y oficializar la medida mediante un decreto.
En la tarde de ayer, trascendió además, que el gobierno entablará negociaciones con el sistema financiero para que haya algún tipo de flexibilidad de pago para las empresas.
