Pese al recorte, Katopodis sostiene que no se frenará ninguna obra pública

Después de que la nueva gestión del ministro de Economía Sergio Massa confirmara su decisión de poner en el centro el objetivo de cumplir los objetivos de reducción del déficit fiscal acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se confirmaron una serie de recortes en distintas partidas de gasto del Estado. En lo que hace al presupuesto para obras de infraestructura, que sufrirá un ajuste de 20 mil millones de pesos, el titular de la cartera de Obras Públicas Gabriel Katopodis sostuvo que esa cifra sólo representa una poda del 3% y que no afectará los planes en marcha.

La confirmación del recorte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, totaliza 210 mil millones de pesos en los gastos de la administración central. En cuanto a Obras públicas, un sector cuyo presupuesto vino creciendo sin pausa durante toda la administración del Frente de Todos, sufrirá un recorte de 20 mil millones, una cifra menor que la reducción de 63 mil millones a la Subsecretaría de Pymes y otras de 50 mil millones al Ministerio de Desarrollo Productivo y a Educación.

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Katopodis intentó minimizare el impacto del recorte, recordando que el presupuesto 2022 para Obras Públicas había sido de 500 mil millones y que se anticipa una ejecución superior a los 600 mil. Fuentes de la cartera destacaron que “no se frena ninguna Obra Pública en ejecución en la Argentina, solamente se pospone el inicio, entre 30 y 45 días, de algunas obras hídricas puntuales”.

Desde el oficialismo también reforzaron la apuesta a la obra privada para sostener el crecimiento de la construcción, que hace más de un año viene aumentando sin pausa y generando miles de puestos de trabajo. En ese sentido, se reivindica que en las últimas horas se promulgara la ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda que extiende otro año el blanqueo de capitales para inversiones en construcción, destinadas a uso propio o al desarrollo de proyectos inmobiliarios avanzados en un 50% al momento de entrada en vigencia de la ley.