El pago de unas 10 mil personas jurídicas con patrimonios superiores a los $200 millones en el pago del Aporte Solidario y extraordinario generó ingresos al fisco por más de $223.000 millones, según resultados preliminares que maneja la AFIP. Así los números, pese a la resistencia de un grupo de contribuyentes que se negaron a aportar al fisco el gravamen determinado por ley, muestran un lado positivo y la posibilidad de destinar a los fines propuestos más de 200 mil millones de pesos.
La estimación oficial es que el 80% del universo potencial cumplió, mientras que una parte menor -alrededor de 200 casos- iniciaron acciones legales. Y sobre otro universo más significativo, la AFIP ya inició fiscalizaciones integrales para avanzar con el cobro. Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada.
Con la investigación en marcha, el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont anticipó que iniciará denuncias penales contra esos contribuyentes por el delito de “evasión agravada”, que contempla penas de entre tres y nueve años de prisión. En primer lugar se informará a los contribuyentes de las inconsistencias y en caso de que no subsanen la situación concretando el pago del Aporte Extraordinario se realizarán las presentaciones judiciales.
Las palabras de Joe Biden, el presidente norteamericano que anunció -éste lunes- la puesta en marcha de un ambicioso plan de rescate laboral y productivo en su país, financiado en parte con un impuesto a los ricos, podrá en este contexto, tal vez sentar jurisprudencia y «aval político» en la materia.
Por otra parte, respecto al destino de los fondos, desde la administración tributaria remarcaron que, de acuerdo a lo establecido por la ley, los recursos generados por el Aporte Solidario y extraordinario serán destinados directamente a financiar a los siguientes sectores:
Cerca de $45 mil millones serán destinados a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.
Tal como figuraba en el proyecto de ley, otro monto similar irá a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.
Otro 20% del total que será recaudado corresponderá a las becas Progresar. Los fondos permitirán reforzar este programa que acompaña a los estudiantes con un incentivo económico en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica. En tanto que un 15% de la recaudación observada hasta el momento, será destinado a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Respecto a los proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural serán destinados otros 55 mil millones de pesos para financiar esos planes y programas.
En principio, se había especulado con una recaudación total de unos 300 mil millones de pesos. Ese 20% que hoy todavía permanece «a cobrar» o «judicializado» hace la diferencia que desde el Gobierno se intenta recaudar en éste período.
Recordemos que hubo una fuerte campaña respecto a la doble imposición del impuesto y la nómina de contribuyentes que hasta el momento presentaron amparos contra el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia incluyó a personajes públicos como el futbolista Carlos Tévez, las contribuyentes Matilde Noble Mitre y María Candelaria Caputo, y los empresarios Alejandro Saguier, Constancio Vigil, entre varios otros. También los empresarios Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro, vinculados al Grupo Clarín interpusieron un recurso de amparo para evitar el pago del impuesto.
La Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas se aprobó a principios de diciembre del año pasado con el objetivo de moderar los efectos de la pandemia de coronavirus y cuyo alcance abarca a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.
La ley contempla el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos. Esa tasa se eleva al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones. El porcentaje sube al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra es del 3,5%.
