Luego del decreto anunciado por el Presidente de la Nación, donde se determinó los alcances de la cuarentena que debe cumplirse en todo el país, en la que se dio detalle de las únicas actividades que estaban exceptuadas por ser consideradas como tareas esenciales en este enfrentamiento a la actual pandemia del coronavirus; han sido muchos los representantes de distintos sectores que según se denuncia ‘presionaron’ para ingresar en estas “excepcionalidades”.
Esta determinación es interpretada por diferentes organizaciones sindicales como ‘un avance’ que recibieron principalmente las autoridades de los ministerios de trabajo y producción para aceptar la necesidad de “producir y generar renta privada, por encima de la prioridad que implica el cuidado de la salud de los trabajadores en cada ámbito de trabajo y en su traslado hacia los puestos de empleo y el regreso a sus hogares”.
De hecho, y a pesar de que es comprensible el estado de emergencia y el esfuerzo contra reloj que incluso adelantaron la puesta en vigencia del aislamiento en los hogares, ahora se están produciendo discusiones en la interpretación de estas ampliaciones, llegando en muchos casos, a la no del todo justificada aplicación de “conciliaciones obligatorias”, cuando en verdad estas diferentes comprensiones de los alcances de las normas no implican la declaración de un conflicto laboral.
Aun así, muchos gremios, en gran medida ligados a la producción industrial ven una suerte de ‘lobby empresarial’, cuando el nuevo anuncio del gobierno nacional incluye en su primer punto a “industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción implique daños estructurales en las líneas de producción y/o maquinarias”, así como en otros ítems se abre también a la “producción y distribución” de más tipos de combustible.
Paralelamente, se menciona a otros servicios más allá de alimentación y sanidad, donde se incluyen “garages y estacionamientos” y “protección de actividades vinculadas a la protección ambiental minera, curtiembres y recepción de cuero proveniente de la actividad frigorífica”.
Si bien es cierto que se aclara la obligación de reducir al mínimo la dotación del personal y que cada sector deberá solicitar las correspondientes autorizaciones de manera oficial en dependencias del Poder Ejecutivo, la preocupación radica en que se corre el peligro que se cometan abusos en el sostenimiento de producción de bienes o provisión de servicios, cuando “en verdad se están protegiendo intereses de capitalización de la crisis actual, incluso previa a la presente emergencia sanitaria”.
De hecho uno de los elementos que se plantea como contradictorio en lo que hace a los supuestos “daños estructurales en la cadena de producción”, es que en verdad durante la reciente profundización de la crisis económica que atraviesa el país, fueron los propios empresarios que cerraron establecimientos, expulsaron mano de obra y aumentaron la capacidad ociosa de sus fábricas, donde habrá que determinar hasta qué punto fueron decisiones obligadas por la situación nacional o en verdad aquí también primaron algunas especulaciones que hoy vuelven a ser utilizadas, aunque si se quiere en sentido inverso para obligar a la fuerza laboral a asistir a sus trabajos, abandonando el aislamiento hogareño, marcado como prioridad ante el peligro de propagación del coronavirus.
