La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en el marco del plan de lucha aprobado en un plenario masivo con la participación de más de 1500 delegados de distintos organismos estatales, está llevando adelante un paro nacional con movilizaciones en todo el país este viernes 5 de abril, centralmente como protesta contra los más de 15 mil despidos en la administración pública nacional que viene concretando el gobierno de Javier Milei.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE, explicó: “Esta escalada del conflicto en el Estado es responsabilidad directa del Gobierno, que ha decidido desatar un nivel de agresión y un ataque inusitado sobre todos nuestros derechos laborales. Detrás de estas cesantías masivas, lo que está en juego es cuál será el Estado que vamos a tener en los próximos años”.
Milei anticipa miles de despidos estatales para fin de mes y ATE responde con un paro
El dirigente planteó también la exigencia al gobierno de “que publique el listado de los ñoquis”, planteando que si no lo hace “tiene que determinar la reinstalación y el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos”. “Hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la ‘no prestación de servicios’”, añadió, considerando “imperiosa la justificación de los despidos, ya que ha sido el propio Estado Nacional el que puso en revisión la planta transitoria”. Y concluyó: “Debe existir una decisión fundada. Está quedando claro que el Gobierno nunca llevó adelante ni auditorías, ni relevamientos, y que tampoco verificó la asignación de funciones a cada agente”.
Como en los paros previos, no habrá atención al público en la mayoría de los organismos estatales, incluyendo a ANSES, PAMI y AFIP, aunque en algunos casos se garantizaron guardias de emergencia. En CABA está prevista una gran movilización a las 13 hacia la sede de la cartera de Economía, en Plaza de Mayo.
Entre los reclamos planteados se destacan el reclamo de reincorporación inmediata de todos los trabajadores cesanteados y cese de los despidos, la regularización de todos los vínculos contractuales y el pase a Planta Permanente para todos los trabajadores, un aumento salarial que supere la inflación, el fin de las políticas de ajuste, el rechazo a cualquier privatización de empresas públicas, la defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos los trabajadores jubilados, la anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades, el cese de las políticas de amedrentamiento hacia los trabajadores estatales y la anulación del DNU 70/23.
