Tras analizar la incidencia de las distintas intervenciones estatales frente al fuertísimo impacto económico y social de la epidemia de coronavirus, tanto con planes asistenciales preexistentes como con nuevas iniciativas, desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) concluyeron que sin ese tipo de programas la pobreza actual en nuestro país llegaría al 53% y la indigencia al 28%.
Según el estudio “Avance del Barómetro de la Deuda Social 2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales en el contexto COVID-19”, el sostenimiento de programas asistenciales previos como las Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo (AUH/AUE), que recibieron refuerzos, y el implemento de nuevas iniciativas específicas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Tarjeta Alimentar lograron un impacto de 18 puntos porcentuales en la cifra de indigencia, que hoy se ubica en 10,1% (y que sin esos programas estatales llegaría a 28%) y de 9 puntos en la tasa de pobreza, que está en 44,1% (y hubiera alcanzado el 53%).
La proyección total de estos programas a nivel nacional implica una cobertura para algo más de 8,2 millones de personas, del total de 12,8 millones de ciudadanos que no consiguen los ingresos necesarios adquirir la canasta básica de alimentos (lo que define el límite de la indigencia). El estudio sostiene que la cobertura de los programas sociales de transferencia de ingresos y asistencia alimentaria alcanza al 49% de los hogares, llegando al 66% en aquellos en los que residen niños y al 31,4% en la que hay sólo adultos.
“El 47,4% de hogares recibió alguna de estas asistencias sociales en 2020. Esto representa a alrededor de 55,5% de personas que habita en hogares que percibieron algunas de estas políticas de transferencia de ingresos o ayuda alimentaria. Estos porcentajes reflejan un crecimiento significativo de la asistencia social entre 2019 y 2020. La mayor presencia de las ayudas sociales en el estrato trabajador marginal y el nivel socio-económico muy bajo señala la correcta focalización de estas medidas”, explicó el especialista Agustín Salvia, quien dirigió el estudio.
Para la UCA, la pobreza llegó al 44,2% y el desempleo se ubica en el 14,2%
Según la UCA, la población la población indigente en el cuatrimestre julio-octubre llega al 10,1% de la población pero “subiría a 11,6% sin el Plan Alimentar, a 18,3% sin IFE, a 20,2% en el Plan Alimentar e IFE juntos; y en total sin asistencia de otros programas incluso el efecto del aumento de la AUH saltaría a 28%, y en Pobreza a 53,1% de los habitantes”.
El análisis de la UCA incluye la asistencia alimentaria brindada por comedores no escolares, merenderos y entregas de alimentos, pero no incluye las medidas de promoción laboral como el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), los créditos, moratorias, prohibiciones de despidos y otras.
“Si se evalúa el alcance de las medidas distinguiendo el tipo de ayuda social, el 44,6% de los hogares recibieron alguna ayuda vinculada a transferencias de ingreso (tarjeta alimentaria/social, asignaciones familiares no contributivas, programas de empleo, IFE, etc.). Y, 20,5% de unidades domésticas declaró haber recibido algún bolsón, vianda o haber retirado alimentos de comedores no escolares. Cabe señalar que, en ambos tipos de ayuda, en los hogares con presencia de niños/as se evidencia el mayor alcance”, añadió Salvia en la presentación virtual del estudio.
De todos modos, el especialista remarcó que “las ayudas sociales, tanto preexistentes como implementadas en el marco de la cuarentena, brindaron un piso mínimo de ingresos entre los sectores más pobres y vulnerables, sin embargo, no sólo fueron insuficientes, sino que además no llegaron a todos los que sufrieron pérdidas de ingresos”. En ese sentido, anticipó que “caerían en la indigencia y pobreza segmentos no pobres cuasi informales cuyos ingresos dependían fundamentalmente del trabajo, muchos de ellos auto excluidos de la asistencia pública”.
El estudio del Observatorio de la UCA también detectó entre los ciudadanos consultados una disminución en cuanto a su autopercepción de ingresos insuficientes para cubrir sus gastos básicos, en relación con el año anterior, el último del gobierno del ex presidente Mauricio Macri: pasó de 64,3% a 54,4% en hogares con niños y de 41,3% a 33% en los que no incluyen menores. Según Salvia, esto se explica en parte por modificaciones en las pautas de consumo alimentario y no alimentario de los hogares en el marco del aislamiento social derivado de la epidemia de coronavirus “que llevó a disminuir las cantidades que habitualmente se compraban”.
“La mayor parte de las medidas de Gobierno adoptadas buscaron reducir los efectos de la parálisis económica, sin las cuales la situación social habría sido más grave. Sin embargo, cabe destacar que no hay posibilidades de cambiar la situación estructuralmente crítica que afecta a los sectores más vulnerables si no es a través de la puesta en marcha un plan de reactivación del mercado interno, tanto formal como informal”, concluyó Salvia.
