Este lunes por la mañana el Secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros Pablo Moyano se presentó a declarar en los Tribunales Federales de Lomas de Zamora, como testigo en la causa por el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista que lleva adelante el juez Federico Villena. “Durante dos años nos verduguearon, seguramente también fuimos espiados”, sostuvo el dirigente en cuanto a la ofensiva en su contra que llevó adelante el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri.
“Yo quiero ver a Macri con el casco y el chaleco entrando acá. Ojalá que lo traigan a Macri y de los pelos, no solo por las escuchas ilegales; lo tiene que traer la Justicia por el terrible endeudamiento a la Argentina y el hambre del pueblo”, afirmó Moyano, luego de ver las pruebas del presunto espionaje ilegal en su contra, que constan en la causa que lleva Villena, que investiga numerosas escuchas y seguimientos ilegales contra decenas de políticos (oficialistas y opositores), gremialistas, periodistas y académicos.
Espionaje ilegal: Pablo Moyano fue citado a declarar en la causa
El gremialista se presentó acompañado por su abogado Daniel Llermanos, quien hoy había anticipado que si bien Hugo Moyano también fue víctima del espionaje ilegal y había sido convocado a los tribunales de Lomas de Zamora, decidió no concurrir para preservar su salud en el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus, prometiendo concurrir más adelante.
En el marco de la misma causa se presentaron ante el juez como víctimas del espionaje la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que se constituyeron como querellantes en la causa. También figuran como espiados la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, los intendentes Martín Insaurralde y Jorge Ferraresi, el obispo de Lomas Jorge Lugones y los ex legisladores de Cambiemos Nicolás Massot y Emilio Monzó, entre muchos otros.
En los últimos días también se avanzó en la investigación de la complicidad de la AFI bajo la gestión de Gustavo Arribas con el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para escuchar y filmar ilegalmente a detenidos en causas vinculadas con el kirchnerismo en el Penal de Ezeiza.
