A pocos días de que se venza el congelamiento de las tarifas energéticas dispuesto por el presidente Alberto Fernández en el contexto de la pandemia de coronavirus; ya es un hecho que no volverá a extenderse la medida y advierten que los aumentos podrían rondar el 32% en sintonía con el acuerdo de precios y salarios que vienen llevando adelante con gremios y empresarios.
Por tal motivo, el próximo lunes 15 de marzo se realizará la audiencia pública para analizar la suba en las tarifas de gas y al día siguiente se hará lo mismo con las de luz. De ahí será el punto de partida para los nuevas escalas tarifarias que, como había anticipado el ministro Martín Guzmán era necesario -gradualmente- actualizar.
En este sentido, Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación, adelantó “que aunque no hay un número definido aún, la decisión del Gobierno nacional es que no aumenten por encima de los salarios”.
Esa ecuación surge de una política que se viene impulsando desde la asunción al gobierno de Alberto Fernández, que luego, atravesada por la pandemia, necesitó un freno mayor debido a la parálisis de la actividad económica que provocó el coronavirus. Ahora «vamos a un esquema de transición y tenemos que alinear las tarifas con el avance de los ingresos» explicó Martínez. De esta afirmación se desprende que las tarifas aumentarían a lo largo de este año en torno al 32%, que es lo que se prevé que suban también los salarios.
Esa cifra encierra los 2 o 3 puntos que dice el Gobierno quiere recomponer los salarios si es que finalmente la inflación estipulada en un 29% en el Presupuesto 2021 logra concretarse. «Ese es el camino que marcó el Presidente en la campaña y que ratificó en la apertura de sesiones del Congreso, pesificar las tarifas, ir saliendo de un esquema de energía dolarizada que determinó la gestión macrista», apuntaron.
La conformación de los nuevos cuadros tarifarios va a demandar meses, hasta tanto se pueda «formular una nueva revisión tarifaria integral en el precio de las tarifas de luz, gas y otros servicios para el próximo año y que estén vinculadas al ingreso de la gente», dijo Fernández.
«Queremos que los costos fijos que representan esas tarifas en millones de familias argentinas repercutan cada vez menos en el poder adquisitivo de cada una de ellas», replicó Martínez: «no queremos que las personas destinen cada vez mayores porciones de sus ingresos a pagar la energía, ese es el camino a seguir, la tarifa de transición, hasta que se defina una nueva RTI, no puede ir por encima de la evolución de los salarios», manifestó el funcionario quien adelantó que comenzará a trabajarse en un esquema de segmentación porque «no es lo mismo el porcentaje de sus ingresos que destina un jubilado a pagar las tarifas que lo que destina un hogar de ingresos altos».
