Una auditoría ordenada por la Justicia sobre la administración provisoria de la Obra Social de los Peones de Campo y Trabajadores Rurales (OSPRERA) comprobó que durante la gestión de su ex titular Pablo Ansaloni se produjeron hechos de “malversación de fondos», “administración fraudulenta” y “asociación ilicita”.
Según la auditoría, al mes de diciembre de 2022 Osprera -prestadora de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), intervenida en marzo de 2023- tenía un déficit financiero de 13 mil millones de pesos, lo que la colocaba en una situación definida como “grave” y explicaba “la caída de las prestaciones en muchos distritos importantes del país”.
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Tras el análisis de las erogaciones de la obra social se confirmó la existencia de gastos “injustificados” como el de un plazo fijo de 4 mil millones de pesos, del que en marzo de este año solo quedaban 338 millones. La auditoría destacó que “el drenaje de esos fondos se dio entre los meses de septiembre, diciembre y enero; coincidentemente con los tiempos del proceso electoral en el que Ansaloni era candidato y fue derrotado”.
También se constató que la obra social recibió 1700 millones de pesos de la Superintendencia de Servicios de Salud, de cuyo gasto “no hay una sola justificación”. Asimismo, se denunció que durante la gestión de Ansaloni había una “industria de los juicios que consistía en una generación de juicios por diferencias salariales y pagos en negro”, mecanismo que pese a haber sido desarticulado en la gestión posterior seguirá generando gastos para afrontar esas “causas abiertas e inventadas”.
Finalmente, el estudio denunció que luego de su expulsión de la vicepresidencia de OSPRERA, Ansaloni “seguía utilizando vehículos, celulares y personal de la Obra Social con fines personales” y que “su esposa y su peluquero eran empleados de la obra social”.
Tras los resultados de la investigación, fuentes de Osprera afirmaron que cuando se termine de recopilar la información sobre las filiales del interior, que “presentaron un panorama mucho más crítico por los cortes de servicios y suspensión de prestaciones por falta de pago”, el informe será presentado al Tribunal. Además, aclararon que Ansaloni ya está imputado por los delitos de malversación de fondos, asociación ilícita y los hechos encontrados en la auditoría.
