Organizaciones sociales opositoras y afines al Gobierno movilizaron masiva y coordinadamente

Este jueves movilizan en la Ciudad de Buenos Aires tanto las organizaciones sociales más afines al Gobierno nacional como las más críticas y opositoras. Aunque las demandas que se plantean en las concentraciones de Congreso y de Plaza de Mayo son distintas, la confluencia de hecho en las calles opera como un inicio de unidad de acción frente al cuestionamiento planteado en las últimas semanas a partir de las críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la “tercerización” de la asistencia social y a un desempolvamiento de causas judiciales que concluyó en allanamientos en distintos puntos de la Ciudad como en la provincia de Jujuy.

La movilización de las organizaciones más afines al oficialismo, encabezada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), se concentra en Plaza Congreso desde el mediodía, exigiendo la sanción de la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo, la creación de una Empresa Nacional de Alimentos y la aprobación del Salario Básico Universal, una iniciativa presentada por diputados del Frente Patria Grande (espacio político referenciado en el dirigente del MTE Juan Grabois).

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Desde la 10 este sector llevó adelante una feria de productos y actividades de las distintas iniciativas de la economía popular, manteniendo una “reunión de trabajo” con el diputado nacional Leonardo Grosso para impulsar la creación de una Empresa Nacional de Alimentos y se prevé concluir a las 15 con un acto de cierre que apuntará a “visibilizar el rol de los movimientos sociales y las cooperativas de trabajo del sector”.

Desde este sector se viene elevando el tono del reclamo hacia el oficialismo, exigiendo medidas concretas sobre la gravísima situación económica de los barrios populares. El sector encabezado por Grabois impulsó más de 300 asambleas barriales en todo el país en las que se votó un plan de lucha que anticipa “medidas de fuerza el próximo 20 de julio con asambleas sobre las principales rutas del país”.

Participaron de esta concentración los principales referentes de la UTEP, destacándose su secretario General Esteban “Gringo” Castro (dirigente del Movimiento Evita), Gildo Onorato (secretario Gremial y también dirigente del Evita), Dina Sánchez (referenta del Movimiento Popular Darío Santillán), el diputado nacional Juan Carlos Alderete (líder de la Corriente Clasista y Combativa) y Rafael Klejzer (MP La dignidad), entre muchos otros.

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La movilización de las organizaciones más de izquierda a Plaza de Mayo reclama un “bono compensatorio por la inflación de 20.000 pesos para las jubilaciones mínimas, trabajadores no registrados por debajo de la canasta básica y programas sociales”, “un salario mínimo que supere el ingreso básico que hoy es de unos $100.000″ y pide una entrevista con la nueva ministra de Economía Silvina Batakis, para plantearle las necesidades de los sectores populares ante el gravísimo impacto de la disparada inflacionaria. También se exige la reapertura de las inscripciones para el programa Potenciar Trabajo, resistida por el Gobierno nacional y el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta.

La actividad en Plaza de Mayo se extenderá hasta las 18, incluyendo no sólo feria y muestras del trabajo de las diversas iniciativas productivas de las organizaciones, sino también una serie de actividades artísticas en vivo. Participan de esta protesta las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera, incluyendo al Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), MTR Votamos Luchar, MTR Teresa Rodríguez, Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde), MAR – M29 y MTR 12 de Abril, entre otras muchas.

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La confluencia de hecho de los distintos sectores de las organizaciones sociales en una movilización callejera constituye un fenómeno inédito desde la asunción del gobierno del Frente de Todos en diciembre de 2019, motivada no sólo por la difícil situación social que atraviesan los sectores populares en el contexto de aceleración inflacionaria sino también por la ofensiva política, mediática y judicial contra las organizaciones habilitada por las sucesivas intervenciones críticas de la Vicepresidenta.

En este sentido, dando cuenta también de que la interna del Gobierno atraviesa casi todos los aspectos de la vida política nacional, este miércoles el presidente Alberto Fernández se diferenció de los ataques recibiendo a dirigentes de los distintos movimientos sociales que fueron allanados por la Justicia. La reunión se realizó en Casa Rosada con la presencia de Esteban Castro (UTEP), Ángel Adolfo Borello (Organización Social y Política Los Pibes), Juan Carlos Alderete (CCC), Alejandro Garfagnini (Frente Milagro Sala) y Norma Morales (Somos-Barrios de Pie), entre otros. Castro resumió el encuentro afirmando que la respuesta presidencial “fue de apoyo incondicional a los movimientos populares”.