La Coordinadora por el Cambio Social, el MST TERESA Vive, Libres del Sur y otras organizaciones sociales se movilizarán este miércoles a las oficinas de Anses de todo el país para denunciar que el organismo y el Ministerio de Desarrollo Social aplicaron recortes en los programas Potenciar Trabajo para beneficiarios del Progresar, afectando a cerca de 40 mil beneficiarios jóvenes.
Desde las organizaciones convocantes denunciaron que el pasado sábado 3 de septiembre cerca de 40 mil integrantes del programa Potenciar Trabajo pudieron cobrar por las tareas realizadas en agosto porque un cruce de datos que aplicó el Gobierno nacional dejó fuera del programa a miles de beneficiarios por una presunta incompatibilidad entre este programa y el Plan Progresar, una asistencia de alrededor de 7 mil pesos para jóvenes que desean iniciar o finalizar sus estudios, continuar una educación superior o realizar experiencias de formación y capacitación laboral.
Anses anunció un refuerzo de 20 mil pesos por hijo para las asignaciones familiares
Afirmando que “desde Anses y Desarrollo Social dejaron sin sus cobros a miles de personas que trabajan y estudian, de un día para el otro”, las organizaciones sostienen que la decisión oficial de excluir del beneficio laboral a decenas de miles de jóvenes de todo el país adheridos al Progresar “es otra muestra más de que el ajuste del gobierno apunta a los que menos tienen”.
La decisión oficial implicó dar de baja el beneficio del Plan Trabajar, de alrededor de 24 mil pesos, dejando sólo en vigencia el pago del Progresar. Al respecto, las organizaciones consideraron: “La excusa esta vez, es la incompatibilidad entre los programas Potenciar Trabajo y Progresar, pese a que durante estos últimos años miles los venían percibiendo. Pero además el ajuste es aún más drástico si se tiene en cuenta que arbitrariamente el gobierno decide dar de baja el programa de mayor monto, arrojando a miles de jóvenes a sobrevivir y a pagar sus estudios con una suma que no supera los 7.400 pesos”.
“Hoy miles de personas deberán elegir entre comer o estudiar. Repudiamos esta resolución, que deja desamparadas a miles de familias. Y exigimos al gobierno la modificación de la reglamentación de ambos Programas. ¡Trabajar y Estudiar no pueden ser incompatibles ni un privilegio!”, concluyeron.
