Luego de fuertes denuncias gremiales del sector aeronáutico, el Ministerio de Trabajo, encabezado por Claudio Moroni, intimó este martes a que Latam Argentina pague en su totalidad los salarios antes del viernes, bajo amenaza de posibles sanciones.
La empresa había pagado sólo el 50% de los sueldos, y con la nueva disposición de Trabajo fue “intimada” a realizar la cancelación de la totalidad de las nóminas en 72 horas o se “avanzará en inspecciones y puniciones previstas en el anexo II del Pacto Federal del Trabajo», confirmaron.
La cartera laboral adoptó esa medida a partir del informe técnico elaborado por la dirección nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo donde se concluyó que la filial local del grupo empresario incumplió la normativa vigente.
Trabajo ratificó así la prohibición de las suspensiones y despidos por fuerza mayor prevista en el decreto 329. Dicha medida habilitó el uso del 223 bis para acordar rebajas salariales con los gremios, pero las grandes empresas vienen resistiendo su aplicación a la vez que buscan aflojar la cuarentena o, en su defecto, obtener beneficios.
De las tratativas participaron el Frente Aeronáutico (FAPA), conformado por personal de tierra (APA), técnicos (APTA), pilotos (APLA), los aeronavengantes (AAA) y el personal superior (UPSA).
En ese sentido, el gremio que reúne a los tripulantes de Cabina (AAA) remarcó que «la resolución de la cartera laboral va en linea con las denuncias que el gremio venía realizando contra la empresa por los salarios adeudados. “Todas las acciones de la Asociación Argentina de Aeronavegantes tienden a preservar las fuentes de trabajo”, remarcaron desde la entidad sindical.
“Esta resolución es un aval contundente a la postura de Aeronavegantes y un fuerte revés a las maniobras inconsultas e ilegales de la aerolínea”, indicaron desde el gremio en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Ante la falta de acuerdo gremial, la firma finalmente aplicó los descuentos masivos sin el aval de los sindicatos incluyendo a los trabajadores con licencia por ser grupos de riesgo o estar al cuidado de los menores.
Así, el gobierno endureció su postura frente a otra de las polémicas empresas que recibió ATP y así y todo incumplió con las reglamentaciones y leyes laborales dispuestas en vistas de la pandemia, como pudo ser el caso de Techint, otra de las beneficiadas que también continúa con polémicos conflictos laborales que generaron ruido hacia adentro del propio equipo de Gobierno de Alberto Fernández y el Kirchnerismo.
