Tal como se venía anticipando hace meses, en las últimas horas el Gobierno nacional definió la obligatoriedad del traspaso directo de los aportes de los afiliados a las prepagas, por lo que se podrán derivar directamente a empresas de medicina privada de su elección, sin pasar previamente por alguna obra social sindical, como hasta el momento. La decisión oficial habría generado tensiones en el Ministerio de Salud, ya que el titular de la cartera sanitaria se habría negado a firmar para evitar planteos judiciales, en tanto es socio de los dueños del Sanatorio Güemes. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reuniría el próximo lunes para analizar el impacto de la medida sobre el sistema de obras sociales gremiales.
La medida se formalizó por medio de la publicación de una resolución del Ministerio de Salud en el Boletín Oficial, con lo que la Superintendencia de Servicios de Salud termina con las “triangulaciones” de aportes, que desde el Gobierno nacional se definían como un “peaje de la salud”, destinado a alimentar “cajas negras”. La medida impacta sobre 1.380.000 afiliados, según estimaciones. Si así lo desean, los afiliados tendrán 60 días para ratificar su decisión de continuar en el esquema anterior a través del trámite “Voluntad de Permanencia en Obra Social”.
Avanzan las transformaciones regresivas del Gobierno sobre el sistema de obras sociales y prepagas
“Dispónese la derivación directa de los aportes y contribuciones de los trabajadores bajo relación de dependencia, del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, y las cotizaciones de los beneficiarios adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes”, detalla la resolución. En los considerandos se remarca que beneficiarios “cuyos aportes y contribuciones o cotizaciones sean derivados a las entidades oportunamente contratadas, mantendrán sus derechos con aquellas sin que se genere modificación alguna que pudiera perjudicar la relación contractual que los une o el acceso a las prestaciones médicas”.
La resolución 1/2025 lleva la firma de Roberto Luis Olivieri Pinto, titular de la Unidad de Asesores del Ministerio de Salud (cuyo rango estaría siendo cuestionado en sus potestades para firmar una resolución de esta magnitud, que afecta a millones de personas). Según se denunció mediáticamente, no sólo que Lugones se resistió a firmar la iniciativa impulsada por funcionarios vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo sino que tampoco habrían querido hacerlo para evitar posibles denuncias por conflictos de intereses el superintendente de Servicios de Salud Gabriel Oriolo, que viene de OSDE, y la secretaria de Administración Cecilia Loccisano, ex esposa del ex ministro macrista de Trabajo Jorge Triaca.
Según trascendió, la CGT se reuniría este próximo lunes 3 de febrero para analizar el impacto de la decisión oficial sobre el sistema de obras sociales sindicales, ya fuertemente golpeado por las políticas sanitarias del Gobierno. Hace meses que los gremios plantean la necesidad de implementar una serie de reajustes al sistema de cápitas, aportes estatales y coberturas para sectores como jubilados, monotributistas o trabajadoras domésticas, cuyos aportes se ubican muy por debajo de los gastos promedios que implican sus coberturas.
