Nutrida presencia sindical, ausencias y posturas divididas en el Congreso para debatir el acuerdo con el FMI

La ronda de reuniones con presidentes de los bloques que realizó ayer el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, contó con la presencia de varios referentes gremiales de las tres centrales obreras, quienes plantearon su postura respecto al cuerdo con el FMI, pero cuyo debate en el plenario de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Finanzas aún tiene un final abierto.

La CGT por su parte, manifestó su alineamiento como lo viene haciendo públicamente, mostrándose del lado del “pago sin ajuste”, cuestión en la que hizo hincapié, Héctor Daer, uno de los triunviros de la calle Azopardo.

Dentro de esa postura, los interrogantes surgieron respecto a cuál es la postura de Pablo Moyano, otra de las “patas” de la CGT, que no estuvo presente en el recinto para pronunciarse, como tampoco lo hicieron otros integrantes de la CTA. Si bien se esperaba la presencia de Hugo Yasky, no hubo representación de la central, cuyo acercamiento con el kirchnerismo, lo pone en un lugar incómodo, luego de la renuncia de Máximo Kirchner.

La Corriente Federal de los Trabajadores también, aunque con objeciones, se habría expresado en favor de saldar nuestros compromisos de deuda y en la refinanciación propuesta por el equipo de Martín Guzmán. Por el espacio expusieron Carlos Minucci y Héctor Amichetti.

Minucci en su alocución dejó en claro que estuvo en total desacuerdo con la «toma» de la deuda en 2018, y remarcó que advirtieron en su momento «las consecuencias nefastas que ésto tendría para el país» pero agregó que «si en ese momento no hubo ni control ni condicionamiento, no debería haberlo ahora para un Gobierno que asume la responsabilidad de pagar esa deuda «infame» para «sacar al país adelante».

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Por el contrario, la CTA Autónoma ratificó su rechazo y su participación en la marcha de este miércoles 9 para repudiar la deuda contraída. La posición de la Central es “histórica” en cuanto al pago de las deudas contraídas con el organismo internacional de crédito y lo consideran reiteradamente “cesión de soberanía” y “ajuste asegurado para el trabajador”.