Tras la firma del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FM), el gobierno nacional de Javier Milei, de la mano del ministro de desregulación Federico Sturzenegger, a fuerza de decretazos, avanza con sus planes de desguace del Estado, de fusión y cierre de numerosos organismos y una agenda para la privatización de empresas estatales claves, como es el caso de Enarsa.
El propio Sturzenegger anticipó que los decretos para una “importante refuncionalización” de organismos públicos y cambios de normas vigentes, “están en preparación”. “El objetivo que tenemos es, para fin de año, hacer una limpieza muy fuerte para que los argentinos sepan específicamente cuáles son las reglas que tenemos en el país”. En el mismo sentido, remarcó que “el Estado grande es ajuste para la sociedad”, ya que implica mayores costos que deben financiarse por la vía de la recaudación impositiva.
El ajuste implicará fusiones o “simplificaciones” de organismos existentes, como la fusión del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que en total suman algo más de nueve mil empleados. Asi mismo, se evalúan medidas similares en el la Secretaría de Transporte Aerocomercial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), antes que emplean a cientos o miles de trabajadores, que hoy se encuentran en revisión, evaluando posibles superposiciones de tareas.
El funcionario también menciono una posible únion en una sola entidad de control del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) y del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas). Es más incierto el futuro del Ente Regulador de Aguas Sanitarias, mientras que el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) ya fue eliminado. Según trascendio, paralelamente se busca la eliminación de Vialidad Nacional, de la empresa estatal Corredores Viales y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Luego hay decenas de organismos descentralizados que se encuentran en evaluación, que incluyen al Conicet, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto Nacional de Semillas y muchos otros.
En cuanto a Energía Argentina S.A. (Enarsa), creada en 2004, ya comenzó el proceso de privatización, una medida que afectará al transporte eléctrico, gasoductos, represas y centrales térmicas. El Decreto 286/2025 dispone la venta de Transener, con 12.400 kilómetros de líneas de alta tensión; del Gasoducto ex Néstor Kirchner, con capacidad de evacuar más de 21 millones de m³ diarios; del 70% de la Central San Martín (Timbúes, Santa Fe); el 65% de la Central Manuel Belgrano (Campana, Buenos Aires); el 98% de las represas del Comahue y dos en construcción en Santa Cruz; el 50% del puerto de Escobar, junto a YPF, así como de las participaciones estatales en parques eólicos, el Gasoducto del Noreste, Yacyretá y Salto Grande, entre otros. La gestión del proceso de privatización estará en manos del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
