El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, junto con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación participaron del debate sobre la ratificación y la implementación del Convenio 190 de la OIT «desde una mirada tripartita y federal» que se realizó de manera virtual y que fue organizado por ambas carteras junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este convenio da cuenta de la violencia laboral, una de las modalidades de la violencia por motivos de género que define la Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. De acuerdo a lo que informó la Casa Rosada, este convenio «es uno de los primeros a nivel global en abordar específicamente la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y en reconocer el derecho a un trabajo libre de violencia y acoso».
En este contexto, se desarrolló un intercambio entre actores y actoras claves en el que se debatieron las normas, políticas y medidas que se deberán establecer para el cumplimiento del Convenio 190 de la OIT y su implementación efectiva a nivel nacional y provincial.
En el encuentro, el ministro Moroni aseguró que “es agenda propia del gobierno la ratificación del convenio, porque es agenda del gobierno la eliminación de todo tipo de desigualdad”, y añadió: “Vamos a tener que dictar una serie de normas, con mucho diálogo, mucho trabajo, no solo entre sectores sino entre las distintas jurisdicciones del país, porque lo importante es que la conductas apliquen la norma. Tenemos que llegar a una normativa que se convierta en conductas.”
Por su parte, Elizabeth Gómez Alcorta manifestó como prioritaria para este gobierno “la decisión de avanzar ante los desafíos de adecuar normativamente el tema de violencias por motivos de géneros en el ámbito laboral”.
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Tras recordar que el Convenio 190 ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación, expresó que “es fundamental la ratificación y la adopción de este instrumento porque resulta coherente con nuestra política exterior en materia de género y derechos humanos. Es el primer tratado que aborda específicamente el tema de violencia de género y acoso en el ámbito laboral. Y además define las obligaciones concretas de los Estados y también de los particulares al respecto”.
Para cerrar resaltó que “esta norma asume a la violencia de género como una forma de discriminación a la vez que contempla específicamente la violencia laboral”. El proceso de ratificación e implementación posterior “nos presenta una oportunidad para fortalecer una serie de acciones y políticas que estén destinadas, justamente, a combatir las violencias por motivos de géneros”.
